Bogotá, D. C., 31 de diciembre de 2025. — Sobre el aumento del salario mínimo, las ciudades capitales se pronuncian;
- Reconocemos lo que esto implica para los más de 2.4 millones de trabajadores en Colombia que ganan sobre el salario mínimo en temas de aumento de ingresos.
- Sin embargo, ponemos en alerta a la opinión pública sobre las implicaciones de esta decisión para otros trabajadores y para las finanzas, proyectos y recursos de las ciudades capitales, en por lo menos los siguientes temas:
1. Impactos directos sobre sectores y servicios clave
a. Transporte público urbano
Los sistemas de transporte masivo, colectivo y estratégico de las ciudades capitales presentan una alta intensidad en mano de obra. Entre el 40 % y el 55 % de sus costos operativos corresponden a salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, muchos de ellos indexados directa o indirectamente al SMMLV. El incremento del salario mínimo genera:
- Mayor presión sobre las tarifas al usuario o, alternativamente, sobre los subsidios financiados con recursos municipales.
- Tensiones sobre el equilibrio financiero de los sistemas, especialmente en ciudades con demanda en proceso de recuperación.
b. Vivienda de interés social
La Vivienda de Interés Social está definida en salarios mínimos, por lo que el incremento del salario base genera un ajuste automático en los topes de precio de las viviendas de interés social (VIS).
Este cambio incide directamente en el valor máximo al que pueden comercializarse este tipo de inmuebles, elevando los límites hasta en $ 49 millones frente a los rangos anteriores, dependiendo de la categoría de vivienda y la ciudad donde se ubique el proyecto.
En este contexto, el reciente aumento del salario mínimo genera efectos inmediatos en el sector vivienda:
- Menor oferta de vivienda: el incremento de los costos reduce el número de proyectos de Vivienda de Interés Social que pueden desarrollarse.
- Dificultades en los programas de vivienda: los programas de vivienda urbana y de mejoramiento integral enfrentan mayores presiones presupuestales y ajustes en sus cronogramas.
- Menor decisión de compra: muchas familias pueden desistir de adquirir vivienda, ya que el precio final resulta superior a lo inicialmente proyectado y se reducen las condiciones favorables de crédito o subsidio.
c. Programa de Alimentación Escolar (PAE) y sector educación
El incremento del salario mínimo legal vigente genera un riesgo fiscal significativo para la sostenibilidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE), uno de los programas sociales más sensibles y de mayor impacto en las ciudades. Este riesgo se materializa especialmente en los costos asociados al talento humano vinculado a la operación del programa, los cuales están directamente indexados al salario mínimo.
El aumento del salario mínimo incide en los costos de operación de:
- Manipuladores de alimentos.
- Operadores logísticos y de transporte escolar.
- Servicios tercerizados asociados al funcionamiento de las instituciones educativas.
Como resultado, se incrementa el costo por beneficiario y se limita la capacidad de ampliar coberturas, obligando a ajustes en la planeación y priorización del PAE, cuya financiación depende en gran medida de recursos públicos locales previamente comprometidos.
d. Multas, tasas y trámites administrativos
El incremento del salario mínimo legal vigente genera un ajuste automático en el valor de las multas previstas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, conforme a lo establecido en la Ley 1801 de 2016. De acuerdo con el artículo 180 de esta norma, las sanciones económicas se calculan con base en el salario mínimo diario legal vigente (SMDLV), por lo que cualquier variación en el salario mínimo se traslada de manera directa al valor de los comparendos.
Con el aumento del salario mínimo para 2026, el valor del salario mínimo diario se ubicaría aproximadamente en $58.363, lo que implica un incremento proporcional en las sanciones económicas aplicables a las infracciones de convivencia ciudadana.
En este contexto, los valores estimados de las multas serían los siguientes:
- Multa Tipo 1: equivalente a cuatro (4) SMDLV, con un valor aproximado de $233.452 en 2026. Aplica a conductas como no recoger los excrementos de mascotas en el espacio público, ingresar o salir de estaciones de transporte por lugares no autorizados o hacer uso indebido del espacio público.
- Multa Tipo 2: equivalente a ocho (8) SMDLV, con un valor aproximado de $466.904 en 2026. Sanciona conductas como portar armas o sustancias peligrosas en el espacio público, evadir el pago del transporte, utilizar equipos móviles hurtados o participar en riñas.
- Multa Tipo 3: equivalente a dieciséis (16) SMDLV, con un valor aproximado de $933.808 en 2026. Corresponde a infracciones como la comercialización de celulares hurtados, la perturbación de la tranquilidad por ruido excesivo, la tenencia de fauna silvestre como mascotas, actos de exhibicionismo o la manipulación indebida de puertas en estaciones de transporte.
- Multa Tipo 4: equivalente a treinta y dos (32) SMDLV, con un valor aproximado de $1.867.616 en 2026. Se aplica a conductas como arrojar residuos en el espacio público, hacer uso inadecuado de la línea de emergencia 123, realizar necesidades fisiológicas en lugares públicos, resistirse a la autoridad policial o consumir, portar o comercializar sustancias psicoactivas o bebidas alcohólicas en espacios prohibidos.
Este mecanismo de indexación garantiza la actualización periódica de las sanciones conforme al salario mínimo, pero también implica un aumento automático del costo económico de las infracciones para los ciudadanos.
e. Obra pública y contratación
Si bien los contratos públicos no se indexan directamente al salario mínimo, el impacto es indirecto:
- El sector privado enfrenta mayores costos laborales.
- Estos costos se trasladan a las ofertas presentadas en procesos de contratación.
- Se incrementa el valor de las obras y servicios contratados, reduciendo el alcance físico de los proyectos con los mismos recursos disponibles.
2. Riesgos fiscales y de planeación a mediano plazo
La categorización de municipios y distritos incorpora, entre otros criterios, variables expresadas en salarios mínimos. Un incremento significativo del SMMLV puede:
- Incidir en la categoría fiscal de algunos municipios y distritos a partir de 2027.
- Exigir mayores esfuerzos de generación de ingresos durante 2026 para evitar descensos categoriales.
- Generar efectos institucionales y fiscales relevantes asociados a cambios de categoría.
3. Efectos agregados sobre la inversión pública local
La acumulación de los impactos descritos genera riesgos estructurales sobre la gestión fiscal territorial, entre ellos:
- Menor margen fiscal para inversión.
- Necesidad de aplazar o redimensionar proyectos estratégicos.
- Reducción del número de beneficiarios en programas sociales.
- Mayor rigidez del gasto de funcionamiento frente a ingresos con crecimiento limitado.
En este sentido, las ciudades capitales continuarán el análisis conjunto y recogerán la opinión de los alcaldes y equipos técnicos, con el fin de consolidar una posición institucional sólida y responsable frente a los efectos reales del incremento del salario mínimo en los territorios.
