Al no surtir el trámite establecido por la Ley quinta de 1992, la iniciativa que pretendía modificar las Corporaciones Autónomas Regionales fue archivada. Esta proyecto que surtió 3 de los 4 debates, se basaba en tres iniciativas radicadas por el Ministerio de Ambiente y los partidos conservador y cambio radical, el cual tenía como propósito reformar el funcionamiento de las CAR, las facultades con respecto a la gestión del riesgo, la transparencia y la gobernanza además de los requisitos para la elección de los candidatos a la dirección general.
Sin embargo, en el tránsito del proyecto se incluyeron temas no concertados como el porcentaje ambiental de los gravámenes a la propiedad inmueble entre otros, que dificultaron el trámite de la iniciativa en el Senado de la República.