Cali, 30 de abril de 2025.- Asocapitales manifiesta su profunda preocupación por la crítica situación del sistema penitenciario y carcelario en Colombia, especialmente, en lo relacionado con el hacinamiento, la falta de infraestructura, el riesgo de falta del servicio de alimentación y las consecuencias de una gestión inadecuada.

Las ciudades capitales asumimos obligaciones en materia carcelaria conforme a lo ordenado por la Corte Constitucional y dentro de los límites de nuestras realidades presupuestales. No obstante, situaciones sobrevinientes y de fuerza mayor han generado decisiones presupuestales inaplazables que impiden el cumplimiento de esta competencia, particularmente en contextos marcados por el desplazamiento forzado, la atención a poblaciones vulnerables y la lucha contra el crimen organizado.

A ello se suma la ausencia de una coordinación eficaz desde el nivel central del Gobierno nacional y la falta de capacidades técnicas especializadas para garantizar la prestación del servicio de alimentación. Esta suma de factores ha generado una inminente crisis de seguridad y orden público, y representa una grave vulneración de los derechos de la población privada de la libertad en las estaciones de policía, centros de detención transitoria y las Unidades de Reacción Inmediata – URI, ante el vencimiento de la vigencia de la Ley 2346 de 2024, que faculta a la USPEC para prestar dicho servicio.

Por lo anterior, hacemos un llamado urgente al Gobierno nacional – al Ministerio de Justicia, al INPEC, a la USPEC y al Ministerio Público – para que le informen al país sus estrategias de concurrencia y las acciones concretas que implementarán para contener esta grave situación.

Así mismo, invitamos respetuosamente a la Corte Constitucional a intervenir con una decisión oportuna que articule a todos los niveles de gobierno, con el fin de garantizar los derechos de la población privada de la libertad, preservar la seguridad ciudadana y salvaguardar el orden público de nuestros territorios.

Desde Asocapitales reiteramos nuestro compromiso con la formulación y promoción de iniciativas legislativas y técnicas orientadas a transformar estructuralmente el sistema penitenciario y carcelario, con un enfoque en la gestión del riesgo, sostenibilidad fiscal, resocialización y reintegración social. Ratificamos nuestra defensa de la legalidad, los derechos humanos y la justicia en equilibrio con el control efectivo a la criminalidad. Sin embargo, se requiere con urgencia el respaldo institucional del Estado para afrontar esta crisis inminente.

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