- Solo el 2 % de las personas privadas de la libertad se encuentra hoy en centros de reclusión municipales, distritales o departamentales.
- El funcionamiento del sistema territorial podría superar $1 billón anual, y la inversión en
infraestructura, $4 billones, lo que evidencia la urgencia de definir nuevas fuentes de
financiación y un modelo sostenible
Bogotá, 17 de octubre de 2025. Ante el complejo panorama del sistema penitenciario y carcelario colombiano —declarado en estado de cosas inconstitucional por la Corte Constitucional—, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) presentó un documento técnico con análisis y propuestas estructurales, con el objetivo de abrir un diálogo nacional de alto nivel que permita construir un nuevo modelo de justicia, seguridad y gobernanza territorial.
El foro “Alternativas de las Ciudades Capitales frente al Sistema Penitenciario y Carcelario” reunió a autoridades nacionales, gobiernos locales, organismos de control y representantes del sector académico, consolidando las posiciones impulsadas por Asocapitales para fortalecer la voz de las ciudades capitales en una discusión prioritaria para
el país.
“Hoy existen más de 104.000 personas privadas de la libertad en establecimientos nacionales, con un hacinamiento superior al 28 %, y más de 20.000 detenidos en centros de detención transitoria. Las ciudades asumen competencias sin respaldo legal ni financiero suficiente, lo que limita su capacidad de respuesta”, afirmó Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales.
Contexto y desafíos actuales
Actualmente, las alcaldías deben responder por el 100 % de la población sindicada —más de 40.000 personas—, además de garantizar condiciones mínimas de habitabilidad, salud y alimentación en los centros de detención transitoria.
La Corte Constitucional, en las sentencias T-388 de 2013, T-762 de 2015 y SU-122 de 2022, así como en los autos 1096 de 2024 y 714 de 2025, ordenó a las entidades territoriales formular planes de deshacinamiento, construir infraestructura carcelaria y definir planes financieros. Sin embargo, no existen fuentes claras de financiación ni una política nacional que coordine estos esfuerzos.
En este contexto, el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, destacó que “actualmente, las estaciones de policía en Medellín tienen capacidad para unas 640 personas, pero hoy albergan más de 1.600 sindicados. Eso representa un hacinamiento cercano al 150 %. Esa situación exige soluciones estructurales. Por eso, Medellín tomó la decisión no solo de anunciar un proyecto, sino de iniciar la construcción de una cárcel para sindicados, con el fin de cumplir las órdenes judiciales y ofrecer condiciones dignas y seguras para las personas privadas de la libertad”.
Propuestas y alternativas para un nuevo modelo
El análisis de Asocapitales plantea tres rutas principales de solución:
- Nacionalización del sistema penitenciario y carcelario. Que el Gobierno nacional
asuma la administración integral del sistema con recursos del Presupuesto General de
la Nación, garantizando la unidad de la política penal y judicial. - Modelo de integración multinivel. Distribuir competencias según la gravedad del
delito:
- Alcaldías: penas menores a 8 años.
- Gobernaciones: penas entre 8 y 15 años.
- Gobierno nacional: delitos graves o asociados al crimen organizado.
Este modelo busca coherencia entre seguridad ciudadana y justicia penal, evitando
duplicidades y sobrecargas.
- Integración voluntaria. Permitir que los entes territoriales con capacidad técnica y
financiera asuman voluntariamente la reclusión de personas sindicadas, mediante
habilitación y transferencia de recursos.
Un llamado a la acción nacional
Asocapitales advirtió que, sin una reforma estructural, el sistema penitenciario continuará al borde del colapso, afectando directamente la seguridad ciudadana y la eficiencia del sistema judicial. Por ello, hizo un llamado al Congreso de la República, al Gobierno Nacional, a la Corte Constitucional y a las entidades territoriales a trabajar articuladamente en la construcción de un modelo penitenciario viable, financiado y sostenible.
“Colombia debe avanzar en la construcción de una reforma legislativa que defina con claridad las competencias, establezca una fuente estable de financiación dentro del Sistema General de Participaciones y logre articular la justicia con la seguridad territorial”, concluyó Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales.
Asocapitales adelantará una serie de mesas técnicas regionales y foros con actores institucionales y académicos, en preparación de una propuesta legislativa que permita adoptar una reforma integral al sistema penitenciario y carcelario en Colombia.
