La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) expresa su preocupación por la decisión anunciada por el presidente Gustavo Petro de promover una “misión internacional” para revisar un procedimiento institucional en Medellín, calificándola como improcedente, irregular y contraria al orden constitucional colombiano.
Para la Asociación, no es procedente que el presidente de la República someta a escrutinio internacional las actuaciones de una autoridad local que actúa dentro del marco de sus funciones legales. Esta intención desconoce la autonomía territorial consagrada en los artículos 1, 287 y 315 de la Constitución Política, así como los principios de descentralización y separación de poderes que estructuran el Estado colombiano.
Desde la perspectiva del derecho internacional público, Asocapitales recuerda que una veeduría o misión internacional de este tipo constituiría una intromisión indebida en los asuntos internos del Estado, prohibida expresamente por el artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA y el Pacto de Bogotá de 1948. Estos instrumentos internacionales solo contemplan intervenciones externas en casos excepcionales de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, condiciones que no se configurarían en este caso.
Asimismo, Asocapitales cita la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha reconocido de manera reiterada que los Estados no solo tienen el derecho, sino también el deber de mantener el orden público, proteger la vida y los bienes de las personas y garantizar el ejercicio pacífico de los derechos, mediante el uso racional, proporcional y legal de la fuerza cuando sea necesario.
Pretender internacionalizar un procedimiento institucional desnaturaliza estos principios y distorsiona el alcance del sistema interamericano de derechos humanos.
La asociación reitera que, si en algún procedimiento se llegare a presentar una actuación irregular o una extralimitación, esta constituye un hecho individual atribuible al servidor público o ciudadano que la haya ejecutado. En un Estado de Derecho, corresponde exclusivamente a las autoridades colombianas determinar las responsabilidades del caso. No es procedente, por tanto, trasladar una eventual falta personal a toda una institucionalidad local ni convertirla en pretexto para cuestionar la autonomía de los entes territoriales.
En consecuencia, la intención presidencial de activar mecanismos internacionales frente a un asunto de competencia local representa una injerencia política indebida en la autonomía municipal y constituye un uso arbitrario del derecho internacional.
“Esta decisión no solo erosiona la institucionalidad democrática, sino que también debilita la legitimidad de las autoridades locales elegidas por voto popular”, aseguró Andrés Santamaría, director general de Asocapitales.
La Asociación reitera que el respeto por la autonomía territorial y la descentralización son pilares esenciales del sistema político colombiano. Las ciudades capitales deben poder ejercer sus funciones de gobierno y de policía dentro del marco de la ley, sin interferencias indebidas del poder central.
