- Asocapitales alerta por afectación directa a la red hospitalaria y exige medidas urgentes del Gobierno Nacional.
- Se definieron dos rutas conjuntas: Adhesión a la acción popular de Medellín y el estudio técnico y jurídico sobre una posible declaratoria de estado de cosas inconstitucionales.
- Los secretarios de salud de las ciudades capitales advierten que la alta cartera de los prestadores y la falta de entrega de medicamentos aumenta considerablemente la mortalidad de los usuarios de la Nueva EPS.
Bogotá D. C., 20 de noviembre de 2025. — Este jueves, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) realizó una reunión extraordinaria con secretarios y funcionarios del sector salud de más de 25 ciudades capitales para analizar la crisis operativa y financiera de la Nueva EPS. La situación ha escalado a niveles críticos, afectando la continuidad del servicio de millones de usuarios y comprometiendo la sostenibilidad de las redes hospitalarias urbanas en todo el país.
Según informes oficiales, la Nueva EPS —la aseguradora más grande de Colombia, con más de 11,7 millones de afiliados— enfrenta un deterioro profundo:
- La deuda pasó de $5,42 billones (dic. 2022) a $21,37 billones (mar. 2025), de acuerdo con la Contraloría General.
- Existen 22 millones de facturas sin auditar, que suman $22,1 billones.
- Se reportan graves fallas contables y administrativas, además de suspensión y restricción de servicios médicos y ruptura en la cadena de medicamentos.
Impacto crítico en las ciudades capitales
Las capitales —que concentran la mayor demanda del sistema de salud y prestan más del 70 % de los servicios especializados del país— son hoy el epicentro de la crisis:
En Bogotá se registraron 1.943 quejas por fallas en la atención entre enero–septiembre 2025, teniendo en cuenta que la deuda con la red pública pasó de $35.000 millones a más de $90.000 millones. Algunos prestadores han anunciado restricciones en urgencias, cirugías y entrega de medicamentos.
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Al respecto, el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, aseguró que “lo está ocurriendo es una irresponsabilidad total. El deterioro financiero y operativo de las EPS es evidente: la siniestralidad está desbordada. Vemos casos como SURA, que hace esfuerzos para reducir un punto su siniestralidad, mientras entidades intervenidas como Famisanar y Nueva EPS pasaron de indicadores de 104 a niveles superiores a 130. Ese incremento está golpeando directamente a los pacientes”.
Bermont confirmó que Bogotá recibe el 16 % de las atenciones hospitalarias provenientes de otros territorios, y esas remisiones representan cerca del 40 % de la carga en urgencias, lo que hace la situación insostenible.
“Cientos de personas hoy están en riesgo de muerte por falta de acceso oportuno a tratamientos críticos. No podemos permanecer pasivos, esperando un cambio de gobierno para ver qué ocurre. Si las ciudades hablamos con una sola voz, el Ministerio debe sentarse de forma responsable a revisar los temas estructurales que están poniendo en riesgo el derecho fundamental a la salud”, añadió el secretario de Salud de Bogotá.
Por su parte, la secretaria de Salud de Valledupar, Jaide Medina, sostuvo que su territorio está recibiendo pacientes del sur de La Guajira, el sur de Bolívar, el Magdalena y los 25 municipios del Cesar. “Hoy nuestro sistema está completamente colapsado, la entrega de medicamentos está cerrada en su totalidad. Esto significa que en las próximas semanas tendremos pacientes más graves y con menos posibilidades de recuperación.
“Nuestro territorio cuenta únicamente con una IPS pública de primer nivel y una EPS de segundo y tercer nivel. Toda la red adicional está saturada en servicios de urgencias. No es justo que nuestras ciudades estén viviendo esta situación cuando se nos dijo que la solución era intervenir las EPS. Hemos sostenido reuniones buscando salidas, pero no hemos visto acciones concretas. El problema es claro: falta flujo de recursos y decisiones de fondo”, añadió Medina.
Asimismo, el secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, manifestó que lo que están enfrentando las ciudades no es un problema aislado, sino una crisis sistémica: pacientes con interrupciones de tratamientos, hospitales sin recursos y tensiones crecientes en los servicios de urgencias.
“Desde Cali creemos que el camino debe ser colectivo. Las alertas y llamados individuales no están generando efectos reales ni soluciones estructurales. Por eso proponemos una acción conjunta ante las Altas Cortes, solicitando una declaratoria de estado de cosas inconstitucionales con un sustento técnico y jurídico. Es evidente que los derechos fundamentales de millones de colombianos están siendo vulnerados de manera masiva y continua”, indicó Escobar.
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Todas las ciudades capitales, registran problemáticas en términos de salud, en Puerto Carreño la situación es especialmente traumática. “Nuestro acceso es exclusivamente aéreo, lo que hace que cada traslado sea complejo, lento y extremadamente costoso. Esto significa que muchos pacientes fallecen antes de poder recibir atención médica oportuna. Hoy nuestra red está desbordada y los prestadores no tienen cómo responder a la demanda. Es urgente que el Gobierno Nacional comprenda que, en regiones como la nuestra, cualquier falla del asegurador tiene consecuencias irreversibles”, aseguró Blanca Mirian Rey, secretaria de Salud del Vichada.
Una crisis que compromete derechos fundamentales
Asocapitales advierte que la situación está generando riesgo de discontinuidad en tratamientos de cáncer, diálisis, enfermedades crónicas y salud mental, sobrecarga crítica en hospitales públicos de capitales ante la suspensión de prestadores privados, aumento acelerado de tutelas y quejas, lo que afecta la gobernabilidad local, e interrupción de medicamentos esenciales, dificultando el manejo de patologías de alto costo.
La secretaria de Salud de Medellín, Natalia López, confirmó que la alcaldía ha invertido cerca de 400.000 millones de pesos para fortalecer la red pública ante la falta de atención, y realizó una invitación a todas las ciudades capitales a adherirse a la acción popular interpuesta por la Alcaldía, que ya fue admitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
La acción popular fue interpuesta por la Alcaldía de Medellín para exigir que el Gobierno Nacional y las EPS paguen las deudas a los hospitales y clínicas, asegurando así la prestación de servicios. Esta acción fue admitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que emitió una medida cautelar para obligar al pago, pero el gobierno incumplió el plazo. La Alcaldía ha iniciado un incidente de desacato por este incumplimiento y reiteró su posición de que cualquier entidad o ciudad capital se pueda adherir a dicha acción, teniendo en cuenta que los fundamentos tienen toda la viabilidad para que cualquier entidad se pueda vincular y aportar sus evidencias. “Lo que pasa en Medellín es básicamente lo que pasa en todas las ciudades”, concluyó.
Líneas de trabajo acordadas
Al cierre del encuentro, se definieron dos rutas conjuntas:
- Adhesión a la acción popular de Medellín para evaluar la incorporación de otras ciudades capitales.
- Presentar una declaratoria de estado de cosas inconstitucionales en materia de salud.
Las ciudades capitales reiteran su compromiso con la protección del derecho fundamental a la salud y exigen una respuesta nacional articulada, inmediata y basada en evidencia para evitar un colapso mayor en el sistema.
