- El presidente Gustavo Petro anunció que el salario mínimo para el año 2026 aumentará 23%, incluyendo el auxilio de transporte, quedando en $2 millones.
- Asocapitales indicó que este aumento del salario mínimo generará un incremento adicional promedio cercano a los $200 por pasaje en los sistemas de transporte público urbano, sobre el ajuste ya proyectado con base en un incremento del 11 %
Bogotá, 29 de diciembre de 2025. — La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) advirtió que el aumento del salario mínimo del 23 % anunciado por el Gobierno Nacional generará un incremento adicional superior a los $200 por pasaje en los sistemas de transporte público urbano, sobre el ajuste ya proyectado con base en un incremento del 11 %, profundizando la presión financiera que enfrentan los sistemas de transporte de las ciudades capitales.
Este impacto se produce porque los sistemas de transporte público masivo y estratégico son altamente intensivos en mano de obra. En promedio, entre el 40 % y el 55 % de sus costos operativos corresponden a salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, todos ellos indexados al salario mínimo. Por esta razón, cada aumento salarial se traslada de forma automática a los costos de operación, incluso sin ampliaciones de flota, rutas o frecuencias, afectando de manera directa el costo por kilómetro recorrido y el equilibrio financiero de los sistemas.
“Un incremento del 23 % en el salario mínimo tiene un efecto inmediato en los costos del transporte público. En términos prácticos, estamos hablando de alrededor de $200 adicionales por pasaje, que se suman a los incrementos ya previstos y que deben ser asumidos por las ciudades si se quiere proteger a los usuarios y evitar alzas abruptas en la tarifa”, señaló Andrés Santamaría, director general de Asocapitales.
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Asocapitales explicó que este impacto no se limita a los grandes sistemas de transporte masivo de las principales áreas metropolitanas, sino que afecta de manera especialmente sensible a las ciudades capitales intermedias, donde operan sistemas estratégicos de menor escala, con menor respaldo financiero y mayores restricciones fiscales, lo que incrementa su vulnerabilidad frente a choques de costos laborales.
En Cali, el aumento del salario mínimo se refleja en un mayor costo operativo del sistema MIO, en un contexto de baja demanda relativa y altos costos fijos, profundizando su déficit estructural y obligando al municipio a destinar mayores recursos para sostener la operación, evitar presiones tarifarias o prevenir reducciones en la calidad del servicio.
En Medellín, aunque el Sistema Integrado del Valle de Aburrá presenta un mejor equilibrio financiero, el incremento salarial impacta los costos de operación de buses alimentadores, tranvía y personal de estaciones, traduciéndose en mayores transferencias públicas o en la necesidad de reprogramar inversiones futuras.
En Bogotá, donde opera el sistema de transporte masivo más grande del país, el aumento salarial ejerce una presión significativa sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria, incrementando el costo por kilómetro y obligando al Distrito a ampliar el esfuerzo fiscal anual para garantizar la continuidad del servicio sin afectar a millones de usuarios diarios.
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En Cartagena, el impacto resulta proporcionalmente mayor, dado que se trata de un sistema de menor escala y con menor capacidad fiscal, donde el aumento del salario mínimo eleva rápidamente los costos operativos y genera riesgos de desbalance financiero.
El incremento de los costos laborales se suma a otras presiones que enfrentan los sistemas de transporte público, como el aumento en los precios de los combustibles, los costos de mantenimiento de la flota, las tasas de interés y las variaciones en la demanda, configurando un escenario de presión acumulada sobre las finanzas locales. En este contexto, las ciudades se ven obligadas a priorizar recursos públicos para sostener un servicio esencial, proteger a los usuarios y preservar la calidad del sistema.
“Las ciudades están haciendo un esfuerzo fiscal significativo para garantizar el transporte público como un derecho y evitar trasladar estos mayores costos a los usuarios. Sin embargo, este desafío requiere una respuesta nacional, con reglas claras de corresponsabilidad y esquemas de cofinanciación sostenibles”, agregó Santamaría.
Finalmente, Asocapitales reiteró que el aumento del salario mínimo es una decisión socialmente necesaria, pero insistió en que sus efectos fiscales y operativos deben ser abordados de manera integral, especialmente en servicios públicos esenciales como el transporte urbano. En ese sentido, hizo un llamado al Gobierno Nacional para fortalecer una visión nacional del transporte público, que articule la política laboral con la realidad fiscal de los territorios y garantice sistemas de transporte eficientes, accesibles y financieramente viables para millones de colombianos.
