Bogotá, D. C., 14 de enero de 2026. — La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), radicó ante la Corte Constitucional una coadyuvancia formal a la solicitud de medida cautelar presentada por el Distrito de Medellín, mediante la cual se pide la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1390 de 22 de diciembre de 2025, que declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional.
La actuación de Asocapitales se da en el marco del control automático de constitucionalidad y tiene como propósito respaldar la suspensión inmediata del decreto, mientras la Corte adopta una decisión de fondo sobre su conformidad con la Constitución Política, en especial frente a los requisitos exigidos por el artículo 215 constitucional para la declaratoria de estados de excepción.
Falta de hechos sobrevinientes que justifiquen la emergencia
En su escrito, Asocapitales argumenta que los hechos invocados por el Gobierno Nacional para sustentar la emergencia no cumplen con el requisito de sobreviniencia, imprevisibilidad ni gravedad, tal como lo exige la Constitución y la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional. La coadyuvancia sostiene que las circunstancias citadas —entre ellas el cumplimiento de obligaciones judiciales en salud, el pago de sentencias, los subsidios a servicios públicos, la seguridad ciudadana, los efectos de la ola invernal o la no aprobación de proyectos de ley de financiamiento— corresponden a situaciones estructurales y permanentes del Estado, plenamente previsibles y gestionables a través de los instrumentos ordinarios de planeación y presupuesto.
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Según el documento, el uso del estado de emergencia para atender este tipo de situaciones desnaturaliza el carácter excepcional de la figura, y convierte un mecanismo extraordinario en una herramienta ordinaria de gestión fiscal, en abierta contradicción con los límites fijados por el Constituyente de 1991.
Riesgos para el equilibrio institucional y la autonomía territorial
Asocapitales advirtió que mantener vigentes los efectos del Decreto 1390 podría generar impactos jurídicos y fiscales irreversibles, al permitir la expedición de decretos legislativos que alteren el equilibrio entre las ramas del poder público y comprometan la autonomía fiscal y administrativa de los municipios y distritos capitales.
La Asociación recordó que la Corte Constitucional ha señalado, en el Auto 272 de 2023, que la suspensión provisional de normas bajo control constitucional procede cuando estas son prima facie manifiestamente inconstitucionales y producen efectos que podrían resultar irreparables. En este caso, la coadyuvancia sostiene que el decreto cumple con ese estándar, al carecer de un fundamento fáctico compatible con el artículo 215 de la Constitución.
Solicitud concreta a la Corte Constitucional
En su petición, Asocapitales solicitó expresamente a la Corte Constitucional:
1. Suspender los efectos jurídicos del Decreto 1390 de 2025, que declaró el Estado de Emergencia Económica y Social.
2. Suspender los efectos del Decreto 1474 de 2025, que adoptó medidas tributarias en desarrollo de la emergencia, así como de cualquier otro decreto legislativo que se expida con fundamento en dicha declaratoria.
Seguimiento institucional
Finalmente, Asocapitales informó que realizará seguimiento permanente al trámite constitucional y reiteró su compromiso con la defensa del orden constitucional, la separación de poderes y la sostenibilidad fiscal de las ciudades capitales, en ejercicio de su función como vocero técnico y jurídico de los gobiernos urbanos del país.
