- Asocapitales acompañó, desde el inicio, la acción promovida por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentando una coadyuvancia formal ante la Corte Constitucional con el fin de solicitar la suspensión inmediata de los efectos del decreto.
- La Asociación sustentó que los hechos invocados por el Gobierno Nacional corresponden a situaciones estructurales y previsibles, que deben ser atendidas mediante los mecanismos ordinarios de planeación, presupuesto y trámite legislativo.
Bogotá, D. C., 29 de enero de 2026. — La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales – Asocapitales valora la decisión de la Corte Constitucional de decretar la suspensión provisional del Decreto 1390 de 2025 y de las medidas económicas adoptadas al amparo del estado de emergencia, luego de analizar y mencionar la solicitud de medida cautelar presentada por la Asociación dentro del control automático de constitucionalidad.
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En su decisión, la Corte examinó los argumentos técnicos y jurídicos elevados por Asocapitales, en los que se advirtió la ausencia de hechos sobrevinientes, la desviación en el uso del estado de excepción y el grave riesgo que la declaratoria de emergencia representaba para el equilibrio de poderes, la autonomía territorial y la estabilidad fiscal del país.
Desde Asocapitales se acompañó, desde el inicio, la acción promovida por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentando una coadyuvancia formal ante la Corte Constitucional con el fin de solicitar la suspensión inmediata de los efectos del decreto, mientras se adopta una decisión de fondo sobre su constitucionalidad.
La Asociación sustentó que los hechos invocados por el Gobierno Nacional —como obligaciones judiciales en salud, subsidios a servicios públicos, seguridad ciudadana, atención de la ola invernal o necesidades fiscales— corresponden a situaciones estructurales y previsibles, que deben ser atendidas mediante los mecanismos ordinarios de planeación, presupuesto y trámite legislativo, y no a través de instrumentos excepcionales diseñados para crisis sobrevinientes y extraordinarias.
Asimismo, Asocapitales alertó que mantener vigente el decreto de emergencia habría permitido la expedición de normas con efectos fiscales y administrativos potencialmente irreversibles, afectando la autonomía de los municipios y distritos, debilitando el control democrático del Congreso y alterando el sistema de pesos y contrapesos que rige el Estado Social de Derecho.
La decisión de la Corte Constitucional ratifica que la defensa del Estado de Derecho, la separación de poderes y la autonomía territorial no es una discusión política, sino un mandato constitucional que debe preservarse incluso —y especialmente— en contextos de tensión fiscal o institucional.
Asocapitales realizará seguimiento permanente al proceso de control constitucional y reitera su compromiso como vocero técnico y jurídico de las ciudades capitales, en la protección de la legalidad, la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de los gobiernos urbanos del país.
