Trece capitales concentran la mitad de los migrantes venezolanos en Colombia: Red de Migración plantea recomendaciones para su integración

* Más de 480.000 personas están en proceso de regularización o en situación irregular en estas ciudades. Un decálogo plantea diez recomendaciones para fortalecer el acceso a educación, salud y empleo formal, con respuestas diferenciadas para cada territorio.

Bogotá, 29 de octubre de 2026. Las trece ciudades capitales de la Red de Migración reúnen a 1.440.669 migrantes venezolanos, cerca de la mitad de esta población en Colombia. Frente a esta concentración y a las brechas que persisten en documentación, educación y vinculación laboral, Asocapitales hace un llamado a fortalecer la corresponsabilidad, con financiación estable y políticas de integración ajustadas a las necesidades de cada ciudad.

El documento Edificando la integración migratoria: decálogo para la integración de la población migrante venezolana en las ciudades de la Red de Migración, elaborado por el investigador Ronal F. Rodríguez y en alianza con Asocapitales, identifica 480.542 personas en proceso de regularización o en situación irregular en estas trece capitales. Esta situación dificulta consolidar su integración y exige una mayor articulación institucional para superar las barreras de acceso a servicios y oportunidades.

Para Asocapitales, los hallazgos refuerzan la necesidad de pasar de una respuesta centrada en la emergencia a una política permanente, con equipos responsables, metas verificables y recursos sostenibles. La integración migratoria debe incorporarse a la planeación y a los presupuestos territoriales, con respaldo del Gobierno nacional y participación de la cooperación internacional, el sector privado y la academia.

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La financiación debe reconocer las diferencias entre ciudades

El informe evidencia que los desafíos no son iguales en todos los territorios. Mientras Bogotá registra el mayor número de migrantes venezolanos, con 600.599 personas a agosto de 2026, las ciudades fronterizas enfrentan una mayor concentración en relación con su población: el documento estima una proporción equivalente al 51,9 % en Arauca, al 27,5 % en Cúcuta y al 22,5 % en Riohacha.

Por ello, Asocapitales plantea que la cofinanciación nacional considere tanto el número de personas migrantes como su peso relativo en cada territorio y las necesidades de atención. Este enfoque permitiría orientar los recursos con mayor equidad y fortalecer los servicios que reciben tanto la población migrante como las comunidades de acogida.

La niñez, una prioridad de la integración

Una de las principales alertas del decálogo es la protección de niños, niñas y adolescentes. Cerca de 93.700 menores de 18 años permanecen sin regularizar en las ciudades analizadas.

Además, al comparar las estimaciones de población venezolana de entre 5 y 17 años con los registros de matrícula, el documento encuentra una diferencia superior a 76.000 en doce de las trece ciudades. Esta cifra es una aproximación que requiere cruzar y depurar las bases de datos para identificar posibles casos de exclusión escolar, debido a las diferencias entre fuentes y periodos de información.

Ante este panorama, las recomendaciones incluyen búsqueda activa, acompañamiento a las familias, nivelación académica y estrategias de permanencia hasta culminar la educación media.

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Diez recomendaciones para una integración sostenible

El decálogo propone fortalecer la gestión y financiación local; completar la regularización; proteger a la niñez; asegurar trayectorias educativas completas; cerrar brechas de aseguramiento en salud; prevenir las violencias contra mujeres y niñas; promover empleo formal; mejorar la convivencia y el hábitat; preparar respuestas para la frontera y el tránsito, y tomar decisiones con información compartida y coordinación regional.

Las recomendaciones abarcan a Arauca, Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Manizales, Pasto, Riohacha, Santa Marta y Villavicencio.

Desde Asocapitales, el llamado es a convertir esta evidencia en acciones coordinadas que fortalezcan las capacidades de las alcaldías, prevengan la discriminación y permitan que la integración de la población migrante contribuya al desarrollo económico y social de las ciudades.