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Asocapitales identifica prioridades para fortalecer la prevención de la corrupción en las ciudades capitales
La cultura de integridad fue el reto más mencionado (44,6 %); la articulación entre control interno, gestión de riesgos y cumplimiento, y la tecnología y la inteligencia artificial registraron 37,9 % cada una.
La debida diligencia de contratistas y terceros y la contratación pública fueron mencionadas por el 31,3 % de los participantes, mientras que la prevención de LA/FT/FP alcanzó el 24,6 %.
La capacitación especializada (55,9 %), el fortalecimiento de equipos y talento humano (48,2 %) y las herramientas tecnológicas (44,6 %) encabezan los apoyos requeridos.
Bogotá D. C., 14 de octubre de 2026. Servidores públicos y responsables de áreas jurídicas, de cumplimiento, gestión del riesgo y control interno participan hoy en el II Encuentro Nacional de Ciudades Capitales contra la Corrupción: “Unidos por la transparencia y la prevención del LA/FT/FP”, que se realiza en la Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá. El encuentro es organizado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), la Alcaldía Mayor de Bogotá, en articulación con la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública.
Como insumo para orientar la conversación técnica de la jornada, Asocapitales analizó 195 respuestas de inscripción. Los resultados permiten reconocer los temas y apoyos que los participantes declaran como prioritarios; no constituyen una auditoría, una evaluación de desempeño de las entidades ni evidencia de irregularidades o fallas de control.
Integridad, articulación institucional y tecnología
La cultura de integridad fue el asunto más mencionado, con 87 respuestas (44,6 %). Le siguen la articulación entre control interno, gestión de riesgos y cumplimiento, y la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, con 74 respuestas cada una (37,9 %). También aparecen la formación de servidores públicos (32,8 %), la contratación pública y la debida diligencia de contratistas y terceros (31,3 % cada una), así como los conflictos de interés y el uso de datos.
Estos resultados sugieren que las preocupaciones no se limitan al cumplimiento formal de normas. También abarcan la cultura organizacional, la coordinación entre funciones, la capacidad para convertir lineamientos en procedimientos aplicables y el uso responsable de información y tecnología.
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Responsabilidades de cumplimiento claramente asignadas
Las respuestas muestran que la figura del Oficial de Cumplimiento no se presenta de manera homogénea: el 31,8 % identificó expresamente esta figura en su entidad, el 36,4 % indicó que no contaba con ella y el 29,2 % mencionó dependencias, cargos o funciones relacionadas. Estos datos no permiten concluir por sí solos que una entidad carezca de actividades de cumplimiento. Tampoco implican que todas las administraciones deban crear un cargo con la misma denominación.
El punto central es que las responsabilidades para identificar y gestionar riesgos de incumplimiento estén definidas, documentadas y articuladas con los instrumentos institucionales, incluido el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), sin confundir la gestión del cumplimiento con la evaluación independiente que corresponde a Control Interno.
Dos focos para la conversación técnica
El primer foco es la contratación pública, la debida diligencia de contratistas y terceros y la identificación del beneficiario final. La debida diligencia requiere criterios claros, verificaciones documentadas, uso de fuentes legalmente consultables y reglas para determinar cuándo profundizar el análisis. Una coincidencia en una lista restrictiva no debe traducirse automáticamente en una exclusión: es necesario verificarla y establecer sus implicaciones jurídicas y de riesgo.
El segundo foco es la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP), junto con la gestión de señales de alerta y reportes. El 24,6 % de los participantes manifestó interés en la prevención de estos riesgos y el 20,0 % en el reporte y la gestión de operaciones o situaciones inusuales. La oportunidad está en fortalecer criterios de análisis, documentación y actuación oportuna, teniendo en cuenta que las obligaciones de reporte dependen del régimen jurídico y sectorial aplicable a cada entidad.
En este contexto, es importante distinguir una señal de alerta, una operación inusual, una operación sospechosa y una denuncia. No son conceptos equivalentes ni conducen automáticamente a la misma actuación. Una alerta exige verificación y análisis; las decisiones deben quedar documentadas y respetar la confidencialidad, las garantías de las personas involucradas y las competencias de las autoridades.
De la capacitación a capacidades sostenibles
La capacitación especializada fue el apoyo más mencionado, con 109 respuestas (55,9 %), seguida del fortalecimiento de equipos y talento humano, con 94 (48,2 %), y de las herramientas tecnológicas, con 87 (44,6 %). La lectura es que la formación, aunque indispensable, necesita complementarse con responsables claros, procedimientos aplicables, tiempo para ejecutarlos, acceso a información y herramientas pertinentes. La tecnología y la inteligencia artificial pueden facilitar tareas y apoyar el seguimiento, siempre que se incorporen gradualmente, con información confiable, protección de datos, trazabilidad y supervisión humana.
Una ruta de acción gradual y proporcional
A partir de los resultados, Asocapitales propone una ruta de cinco pasos para fortalecer las capacidades de cumplimiento, adaptable a la estructura, los recursos y las obligaciones de cada entidad:
Priorizar procesos y riesgos: comenzar por dos o tres ámbitos críticos, considerando recursos involucrados, discrecionalidad, interacción con terceros y posibles consecuencias.
Definir responsables y articular: precisar quién identifica, analiza, decide, ejecuta controles y hace seguimiento, conectando las áreas e instrumentos existentes.
Traducir riesgos en controles aplicables: relacionar riesgos con causas, consecuencias, controles, responsables, evidencias y acciones pendientes.
Fortalecer capacidades: combinar formación práctica, acompañamiento técnico, cooperación entre ciudades y tecnología gradual con supervisión humana.
Hacer seguimiento y mejorar: verificar la ejecución de controles, la atención oportuna de alertas y el cierre de acciones correctivas, revisando periódicamente lo que deba ajustarse.
El encuentro reúne perspectivas institucionales y técnicas para profundizar estos desafíos, con participación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Procuraduría General de la Nación, la Gobernación de Cundinamarca, la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, CoST Colombia y la Red de Gestores de Integridad, además de especialistas de ECIJA Colombia, Ortega Compliance S.A.S. y la comunidad académica de la Pontificia Universidad Javeriana.