Asocapitales alerta riesgos en la Ley de Competencias y pide ajustes para garantizar autonomía y sostenibilidad territorial
Bogotá, 10 de abril de 2026. En el marco de la audiencia pública del proyecto de ley de competencias presentado por el Gobierno nacional al Congreso de la República, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) presentó un análisis técnico en el que advierte riesgos estructurales en el Proyecto de Ley de Competencias radicado por el Gobierno nacional ante el Congreso.
El documento, construido con el aporte de las principales ciudades del país, señala que, si bien la iniciativa busca fortalecer la descentralización a partir del Acto Legislativo 03 de 2024, aún presenta vacíos que podrían comprometer la autonomía territorial, la sostenibilidad fiscal y la calidad en la prestación de servicios esenciales.
Uno de los principales cuestionamientos de Asocapitales es que el proyecto no asegura que las nuevas competencias asignadas a los territorios cuenten con la financiación suficiente, condición exigida por la Constitución.
Según el análisis, la propuesta “no garantiza recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias otorgadas”, lo que podría trasladar cargas adicionales a las ciudades sin respaldo presupuestal claro.
Además, advierte que se incorporan esquemas de cofinanciación con recursos propios de los territorios, especialmente en sectores como educación, lo que aumentaría la presión fiscal sobre las administraciones locales.
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Riesgo de pérdida de autonomía
El estudio también plantea que el proyecto podría generar efectos contrarios al espíritu de la descentralización. En particular, señala que varias decisiones clave quedan sujetas a reglamentación posterior por parte del Gobierno nacional y entidades administrativas.
Esto, según Asocapitales, podría traducirse en una recentralización “explícita o implícita”, limitando la capacidad de las ciudades para gestionar sus recursos y definir prioridades territoriales.
Asimismo, se advierte un posible aumento en la subordinación de los municipios frente a los departamentos en algunos sectores, lo que modificaría el equilibrio actual entre niveles de gobierno.
El documento detalla impactos específicos en sectores clave:
Salud: se cuestiona la concentración de recursos en modelos como los Centros de Atención Prioritaria (CAPS), aún no consolidados normativamente, y la reducción del margen de decisión de las ciudades certificadas.
Educación: se advierte una ampliación de responsabilidades sin financiación plena, especialmente en temas como infraestructura, educación inclusiva y alimentación escolar.
Agua potable: se mantiene el modelo de planes departamentales, con resultados históricamente limitados, y se introducen nuevas obligaciones sin fuentes claras de financiación.
Propósito general: se incrementan las restricciones en el uso de recursos, afectando la flexibilidad territorial.
Estas condiciones, según el análisis, podrían afectar la eficiencia del gasto público y la capacidad de respuesta de las ciudades frente a sus realidades sociales.
Asocapitales subraya que el debate sobre la ley de competencias está directamente ligado al futuro del Sistema General de Participaciones, que actualmente representa cerca del 28,6 % de los ingresos corrientes de la nación y es la principal fuente de financiación de servicios como salud, educación y agua potable.
En este contexto, las ciudades capitales —que concentran alta demanda de servicios por su población residente y flotante— insisten en que cualquier reforma debe reconocer sus dinámicas urbanas, cargas adicionales y rol en el desarrollo regional.
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Propuestas para fortalecer la reforma
Más allá de las críticas, Asocapitales planteó una serie de recomendaciones para mejorar el proyecto:
Garantizar que toda competencia tenga financiación plena.
Reconocer el carácter especial de las ciudades capitales y su rol en aglomeraciones urbanas.
Incorporar criterios de distribución de recursos basados en población y dinámicas territoriales.
Asegurar una transición gradual que fortalezca capacidades institucionales.
Evitar que recursos territoriales financien funciones de la nación.
También propone avanzar en mecanismos que permitan mayor flexibilidad en el uso de recursos, así como en instrumentos que compensen las cargas adicionales que enfrentan las ciudades, como migración, pobreza y presión sobre servicios públicos.
Un llamado al Congreso
Finalmente, Asocapitales reiteró que su análisis busca aportar insumos técnicos al debate legislativo para construir una ley que realmente fortalezca la descentralización en Colombia.
Así las cosas, el documento se convierte en un insumo clave para el Congreso en la discusión de una reforma que definirá el equilibrio entre nación y territorios en los próximos años, en un momento en el que las ciudades capitales insisten en ser protagonistas en la construcción del modelo de desarrollo del país.
