“ARTÍCULO 3. Ámbito de aplicación. La presente ley es aplicable a todos
aquellos contratos en los cuales las entidades estatales encarguen a un
inversionista privado el diseño y construcción de una infraestructura, y sus
servicios asociados, o su construcción, reparación, mejoramiento o equipamiento,
actividades todas estas que deberán involucrar la operación y mantenimiento de
dicha infraestructura o la prestación de un servicio público.
También podrán versar sobre infraestructura para la prestación de servicios
públicos.
En estos contratos se retribuirá la actividad con el derecho a la explotación
económica de esa infraestructura o servicio, en las condiciones que se pacte, por
el tiempo que se acuerde, con aportes del Estado cuando la naturaleza del
proyecto lo requiera.
Los procesos de selección y las reglas para la celebración y ejecución de los
contratos que incluyan esquemas de Asociación Público-Privada se regirán por lo
dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, salvo en las materias
particularmente reguladas en la presente ley.
PARÁGRAFO 1. Sólo se podrán realizar proyectos bajo esquemas de Asociación
Público-Privada cuyo monto de inversión sea superior a seis mil (6.000) smmlv.
Para proyectos departamentales, distritales o municipales, que tengan por objeto
el desarrollo de infraestructura social, hospitalaria, deportiva, educativa,
protección ambiental, la reducción de la pérdida de la biodiversidad y la lucha
contra el cambio climático, el monto de inversión definido en este parágrafo no
podrá ser inferior a cuatro mil (4.000) smmlv