LA PRESENTE LEY TIENE POR OBJETO ESTABLECER UN MARCO NORMATIVO ESTRICTO Y PERMANENTE DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO, MEDIANTE LA FIJACIÓN DE TECHOS PRESUPUESTALES, LA ELIMINACIÓN DE PRIVILEGIOS Y GASTOS SUNTUARIOS, ASÍ COMO LA RACIONALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO, CON EL FIN DE PROTEGER EL PATRIMONIO PÚBLICO, GARANTIZAR LA VIGENCIA EFECTIVA DE LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, RESPONSABILIDAD Y MORALIDAD ADMINISTRATIVA, CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 209 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LA LEY 80 DE 1993, Y DESTINAR LOS RECURSOS AHORRADOS A LA INVERSIÓN SOCIAL PRIORITARIA DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 334 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.