LA PRESENTE LEY TIENE POR OBJETO FORTALECER LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES Y PENALES DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD PRIVADA Y DE LA POSESIÓN REGULAR SOBRE BIENES INMUEBLES URBANOS Y RURALES FRENTE A SU OCUPACIÓN DE HECHO, INVASIÓN O USURPACIÓN, MEDIANTE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 1801 DE 2016, LA LEY 599 DE 2000, LA LEY 1564 DE 2012 Y LA LEY 1952 DE 2019, ESTABLECIENDO PLAZOS PERENTORIOS, PRESERVANDO LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO Y FIJANDO LA RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE, SIN PERJUICIO DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO EN MATERIA DE VIVIENDA DIGNA RESPECTO DE LOS SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.