La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de los artículos 23 y 45 de la Ley 2080 de 2021, que regulaban el control automático e integral de los fallos con responsabilidad fiscal, que se llevaría a cabo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-091 de 2022, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, afirmó que las normas demandadas vulneraban el derecho al acceso a la administración de justicia en condiciones de igualdad. Lo anterior, porque esta norma priva al responsable fiscal de varias garantías procesales, como los derechos a formular la demanda, pedir y controvertir pruebas, solicitar la suspensión del acto, presentar alegatos de conclusión y solicitar la reparación del daño. La Corporación aplicó un juicio integrado de igualdad de intensidad intermedia, y determinó que el control automático e integral de los fallos con responsabilidad fiscal imponía un tratamiento diferenciado e injustificado entre los responsables fiscales y el resto de destinatarios de actos administrativos.
Por último, en la parte resolutoria de la sentencia la Corte le otorgó efectos retroactivos al fallo a partir de la fecha de promulgación de la Ley 2080 de 2021 (25 de enero de 2021). Además, exhortó al Congreso de la República para que desarrolle nuevamente el artículo 267 de la Constitución con base en las consideraciones de la sentencia y ordenó a la Contraloría General de la República divulgar ampliamente el fallo en cuestión.
