Bogotá, 23 de octubre de 2025. — La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) presentó un análisis técnico y jurídico sobre el proyecto de ley de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente radicado por el Gobierno Nacional, en el que plantea diversas consideraciones sobre su viabilidad constitucional, sus implicaciones institucionales y su posible impacto en la autonomía territorial.
“La iniciativa debe ser evaluada con responsabilidad política y rigor jurídico, ya que involucra la posibilidad de modificar integralmente la Constitución de 1991, un hecho de trascendencia nacional que exige claridad en su alcance y en los procedimientos de convocatoria”, aseguró el director general de la Asociación, Andrés Santamaría.
Aspectos constitucionales y jurídicos
El análisis señala que la propuesta actual podría desbordar los límites del poder de reforma establecidos por la Carta Política, y recuerda que la convocatoria a una Asamblea Constituyente solo puede realizarse mediante un acto legislativo, no a través de una ley ordinaria o estatutaria.
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El documento advierte, además, que la ausencia de límites temáticos y materiales para la Asamblea podría interpretarse como una sustitución del orden constitucional vigente, figura que la Corte Constitucional ha declarado improcedente en fallos como las sentencias C-180 de 1994 y C-551 de 2003.
“Cualquier proceso constituyente debe tener bases jurídicas sólidas, claridad sobre sus competencias y una amplia legitimidad democrática. No se trata solo de una discusión política, sino de la estabilidad institucional del país”, señaló Andrés Santamaría Garrido, director ejecutivo de Asocapitales.
Desde la perspectiva de las ciudades capitales, Asocapitales advierte que una eventual Asamblea con potestades amplias podría reconfigurar el sistema de descentralización y la autonomía territorial, pilares que han fortalecido la gestión local desde 1991.
La asociación resalta que cualquier modificación al marco constitucional debe proteger las competencias, los recursos y la autonomía fiscal de los gobiernos locales, evitando retrocesos en los avances alcanzados en materia de planificación, participación y desarrollo urbano sostenible.
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“Las ciudades capitales son las primeras en sentir los efectos de las decisiones nacionales. Por eso, cualquier cambio estructural debe preservar la descentralización y el equilibrio entre Nación y territorios”, afirmó Santamaría.
Riesgos políticos e institucionales
El documento también advierte que la discusión sobre una nueva Constitución se produce en un contexto político preelectoral, lo que podría aumentar la polarización y restar objetividad al debate.
Asimismo, recomienda fortalecer los canales institucionales de reforma, que ya existen dentro del marco constitucional, en lugar de recurrir a mecanismos excepcionales de refundación estatal.
“La Constitución de 1991 ha permitido avances significativos en democracia, participación y derechos ciudadanos. Lo que el país necesita no es una nueva Constitución, sino garantizar su cumplimiento efectivo”, subrayó el director de Asocapitales.
Así las cosas, la asociación invita a las instituciones nacionales, al Congreso y a los distintos sectores políticos a abrir un diálogo informado y respetuoso, que priorice el fortalecimiento del Estado social de derecho y la gobernabilidad democrática.
El gremio reitera su compromiso con la defensa de la autonomía territorial, la estabilidad institucional y la preservación del equilibrio de poderes, como fundamentos esenciales de la democracia colombiana.
