Avanza a segundo debate el Proyecto de Ley de Competitividad, que simplifica trámites y preserva la capacidad de control de las ciudades

• La Asociación reconoce la importancia de reducir cargas administrativas y advierte que las medidas sobre licenciamiento urbanístico y apertura de establecimientos deben proteger las competencias de los gobiernos locales.

Bogotá, 16 de octubre de 2026. Las Comisiones Sextas Constitucionales Permanentes del Senado de la República y la Cámara de Representantes, reunidas de manera conjunta, aprobaron el informe de ponencia positiva para primer debate del Proyecto de Ley N.° 177 de 2026 Senado – 305 de 2026 Cámara, “por medio de la cual se establecen medidas de simplificación administrativa, racionalización, digitalización e interoperabilidad de trámites, se modifican y derogan algunas disposiciones y se dictan otras disposiciones – Ley de Competitividad”. La iniciativa es de origen gubernamental, radicada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con mensaje de urgencia.

El proyecto, compuesto por 78 artículos distribuidos en siete títulos, busca reducir cargas administrativas innecesarias, eliminar la duplicidad de documentos entre entidades del Estado y avanzar hacia trámites completamente digitales e interoperables. Entre sus medidas se destacan el silencio administrativo positivo para licencias urbanísticas, la creación de un expediente único por proyecto en la cadena de urbanismo y construcción, la interoperabilidad registral y catastral, y la digitalización de folios de matrícula inmobiliaria. La ponencia fue presentada por los senadores Carlos Eduardo Guevara Villabón y María Lucía Villalba Gómez, y los representantes Hernando González y Mauricio Andrés Toro.

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Para Asocapitales, esta iniciativa es de seguimiento prioritario: varios de sus artículos inciden directamente en competencias propias de las ciudades capitales, en particular en los procesos de licenciamiento urbanístico, control urbano, catastro, espacio público y licencias de establecimientos de comercio.

Si bien la simplificación puede aliviar cargas a ciudadanos y empresas, algunas disposiciones —como la eliminación de la obligación de comunicar apertura de establecimientos y el silencio positivo automático en trámites sensibles— podrían afectar la capacidad regulatoria y de control de los municipios. El proyecto continúa su trámite hacia el segundo debate en las Plenarias de ambas cámaras.