Informe internacional advierte deterioro de la seguridad y destaca el liderazgo de las ciudades frente a la crisis nacional
El estudio del Diálogo Interamericano, construido a partir de una conferencia realizada en alianza con Asocapitales, El tiempo y Portafolio, revela que Colombia registró 14.780 homicidios en 2025, 651 secuestros y más de 70.000 personas desplazadas.
Bogotá D. C., 6 de agosto de 2026. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) destacó la publicación del informe internacional “Repensar la seguridad en Colombia: liderazgo subnacional en una crisis nacional”, elaborado por el Diálogo Interamericano, que presenta una radiografía del deterioro de la seguridad y reconoce el papel determinante de alcaldes, gobernadores y autoridades territoriales en la respuesta a la violencia.
El documento fue construido a partir de la conferencia “Enfoques Subnacionales para la Seguridad en Colombia”, realizada en abril de este año en Bogotá, en asociación con Asocapitales, El Tiempo y Portafolio. El encuentro reunió a mandatarios y funcionarios territoriales, expertos nacionales e internacionales, representantes del sector privado, organizaciones sociales y centros de pensamiento.
El informe reconoce la participación de Asocapitales en la conferencia y señala que los aportes de sus participantes de Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, Quibdó, Bucaramanga, Popayán, Puerto Tejada y Antioquia, fueron fundamentales para la elaboración del análisis.
“La seguridad nacional se está definiendo todos los días en los barrios y ciudades. Este informe internacional confirma lo que hemos advertido desde Asocapitales: los alcaldes están en la primera línea, pero no controlan todas las herramientas, los recursos ni las capacidades institucionales necesarias para responder. El nuevo Gobierno debe convertir la coordinación con las ciudades en una política permanente y no en una reacción ocasional ante las crisis”, afirmó Santamaría.
Colombia cerró 2025 con el mayor número de homicidios en una década
El informe advierte que 2025 fue el año más violento para Colombia desde 2016 y que sus consecuencias humanitarias fueron las más graves de la última década.
Entre sus principales cifras se encuentran:
14.780 homicidios en 2025, el registro anual más alto de los últimos diez años.
70.284 personas desplazadas internamente, el doble de las reportadas durante 2024.
651 secuestros, frente a 279 del año anterior, lo que representa un crecimiento del 133 %.
37 % de aumento de la extorsión durante los últimos cuatro años.
Más de 27.000 integrantes de grupos armados, luego de sumar aproximadamente 5.000 miembros en un solo año.
34 % de incremento en los enfrentamientos entre grupos armados.
El reporte señala que el panorama criminal también cambió en su estructura. Las organizaciones participan simultáneamente en narcotráfico, minería ilegal, extorsión, trata de personas y otras economías ilícitas, mediante redes con alcance territorial y transnacional.
Esta evolución ha permitido que estructuras armadas de mayor escala subcontraten o tercericen la violencia en bandas locales, penetrando los barrios y las economías urbanas sin exponer directamente sus niveles superiores de mando.
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Las ciudades responden, pero no controlan las principales herramientas
El informe identifica una contradicción estructural: los ciudadanos acuden primero a los alcaldes cuando enfrentan inseguridad, pero los gobiernos locales no controlan el pie de fuerza, los presupuestos de la Policía, las prioridades de inteligencia ni la capacidad investigativa.
Aunque la Constitución reconoce al alcalde como primera autoridad de Policía en su municipio, este no puede nombrar, remover, trasladar o ascender a sus integrantes. La autoridad formal permanece dentro de una institución centralizada y dependiente del Gobierno nacional.
La limitación también es fiscal. El reporte señala que el Gobierno nacional transfiere alrededor del 20 % de sus ingresos a los gobiernos locales. Sin embargo, la mayor parte del Sistema General de Participaciones tiene destinación específica:
58,5 % para educación.
24,5 % para salud.
5,4 % para agua y saneamiento.
Solo 11,6 % queda para otros usos, entre ellos las necesidades de seguridad, y permanece sujeto a restricciones adicionales.
En la práctica, las ciudades terminan financiando combustible, vehículos, cámaras, mantenimiento, equipos y otros insumos de una fuerza policial de carácter nacional. El informe recoge casos como el de Manizales, donde el gobierno local ha asumido gastos de equipos y combustible, y el de Bogotá, que presenta un déficit aproximado de 10.000 policías.
La inseguridad le cuesta al país $64 billones cada año
El reporte advierte que seguridad y desarrollo económico son inseparables. La inseguridad representa para Colombia un costo directo estimado de $64 billones anuales, equivalente al 3,6 % del PIB, y cerca de $3 millones por cada colombiano.
El informe describe cómo la extorsión afecta el comercio legítimo en Quibdó y cómo la delincuencia ha paralizado la actividad económica en sectores de Puerto Tejada. En este sentido, la inseguridad actúa como un impuesto oculto que afecta con mayor intensidad a las comunidades y empresas con menor capacidad financiera.
La prevención local muestra resultados verificables
El informe no se limita al diagnóstico. También documenta experiencias territoriales que muestran que la prevención focalizada, basada en datos y acompañada de oportunidades económicas puede reducir la violencia.
Medellín
El programa Parceros ha graduado a 6.407 participantes; el 29 % consiguió empleo y 50 aliados del sector privado aportaron financiación y oportunidades laborales.
Manizales
El programa Pégate al Parche ha identificado y acompañado 32 grupos juveniles en las 11 comunas de la ciudad y actualmente llega a más de 200 familias. En 2025, el 76 % de los habitantes manifestó sentirse seguro.
Cali
El programa En La Buena atendió a 3.405 jóvenes durante 2024 y 2025, facilitó cerca de 400 mediaciones y vinculó a más de 140 participantes a empleos formales.
Estas experiencias demuestran que las ciudades no son únicamente receptoras de la política nacional: son laboratorios de innovación pública capaces de producir modelos que pueden adaptarse y escalarse en otros territorios.
La mirada internacional es indispensable frente al crimen transnacional
Asocapitales destaca que el informe del Diálogo Interamericano permite trasladar la discusión de seguridad urbana a un escenario hemisférico.
La minería ilegal, el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, el lavado de activos y las redes de extorsión no respetan límites municipales ni fronteras nacionales. Por ello, las capacidades locales deben complementarse con cooperación internacional en inteligencia, tecnología, investigación financiera, formación policial y fortalecimiento de la justicia.
El informe concluye que Colombia no debe elegir entre autoridad nacional y liderazgo local. Necesita un sistema en el que alcaldes y gobernadores sean socios genuinos del Gobierno nacional, las responsabilidades estén acompañadas de recursos y los mecanismos eficaces sobrevivan a los cambios políticos.
