Posición y solicitudes de Asocapitales frente a implementación de actualización catastral en zonas rurales del país

Asocapitales reconoce que la actualización catastral es una herramienta legítima y necesaria para corregir rezagos históricos, pero advierte que la ejecución de la Resolución 2057 del 30 de diciembre de 2025 vulnera los principios constitucionales de proporcionalidad, coordinación interinstitucional, irretroactividad tributaria (artículo 363 CP), reserva de ley tributaria (artículo 338 CP) y autonomía territorial; específicamente cuestiona que el acto administrativo se haya expedido el penúltimo día del año para regir de manera inmediata en la vigencia 2026, sin vacatio legis ni régimen de transición, impidiendo a los concejos municipales ejercer su competencia exclusiva —conforme al artículo 4 de la Ley 44 de 1990 modificado por el artículo 23 de la Ley 1450 de 2011— para definir tarifas diferenciales y progresivas que amortiguaran el impacto.

También, se denuncia que la metodología generalizada de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas operó bajo el supuesto irreal de un mercado de tierras perfecto, sin ponderar las particularidades físicas de los predios, las restricciones de uso del suelo, las determinantes ambientales ni las dinámicas socioeconómicas locales, produciendo distorsiones documentadas como saltos de avalúo de 125 a 594 millones de pesos que multiplicaron el impuesto predial en casi 700% (de 817.000 a 6,8 millones de pesos), con alertas gremiales sobre incrementos netos superiores al 2000%; y se rechaza adicionalmente que el Gobierno Nacional, tras generar la crisis de gobernabilidad, pretenda trasladar el costo político a los mandatarios locales mediante declaraciones interpretadas como posibles amenazas de destitución.