Coadyuvancia presentada ante la Corte Constitucional en el marco del control de constitucionalidad al decreto de emergencia económica, expedientes RE0000387 y RE0000388, en apoyo a la solicitud de medidas cautelares previamente presentada por el Distrito de Medellín.

Asocapitales coadyuva la solicitud de suspensión provisional de los efectos del Decreto 1390 de 2025 al considerar que las motivaciones invocadas por el Gobierno Nacional para declarar el Estado de Emergencia Económica y Social son manifiestamente inconstitucionales, toda vez que ninguno de los hechos esgrimidos —cumplimiento del Auto de la Corte sobre la UPC en salud, garantía de seguridad ciudadana, protección de líderes sociales, no aprobación de las leyes de financiamiento por el Congreso, ola invernal, sentencias judiciales pendientes de pago, subsidios de servicios públicos, indemnizaciones a víctimas, agotamiento de alternativas de endeudamiento bajo la Regla Fiscal y restricciones de caja de la Tesorería— configura el carácter sobreviniente, imprevisible y extraordinario que exige el artículo 215 de la Constitución Política y la Ley Estatutaria 137 de 1994, sino que se trata de situaciones estructurales y obligaciones permanentes del Estado que deben atenderse mediante los mecanismos ordinarios de planeación presupuestal y gestión institucional.

En consecuencia, la Asociación argumenta que el Ejecutivo pretende utilizar el estado de excepción como un mecanismo ordinario de gestión fiscal para eludir el control democrático del Congreso y concentrar facultades legislativas, en abierta contravención del sistema de pesos y contrapesos, por lo que solicita a la Corte suspender los efectos jurídicos tanto del Decreto 1390 de 2025 como del Decreto 1474 de 2025 (medidas tributarias) y de los demás decretos legislativos que se expidan en su marco, con fundamento en el Auto 272 de 2023 que habilita la suspensión provisional ante inconstitucionalidad manifiesta.