La extorsión en Colombia creció 182,9 % entre 2016 y 2024 y se concentró en las ciudades capitales: Asocapitales y el DNP presentan diagnóstico y propuestas para enfrentar el delito

• Las 32 ciudades capitales concentraron el 54,3 % de los casos registrados en 2025. El estudio plantea una política nacional mediante un documento CONPES y propone 27 acciones para fortalecer la respuesta territorial.

Bogotá, D. C., 20 de octubre de 2026. La extorsión en Colombia pasó de registrar cerca de 4.900 casos en 2016 a 13.869 en 2024, un crecimiento del 182,9 % que evidencia la necesidad de fortalecer la respuesta del Estado frente a este delito. En las ciudades capitales, el incremento durante ese periodo fue aún mayor: 201,5 %.

Así lo revela el estudio técnico “Análisis y caracterización de la extorsión en Colombia”, elaborado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), cuyos hallazgos fueron presentados en el espacio “Extorsión en las Ciudades Capitales. Qué nos dicen los datos”.

El análisis recoge 111.186 casos registrados entre 2010 y 2025 en el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO). Aunque en 2025 los registros nacionales disminuyeron un 3,2 %, hasta llegar a 13.428 casos,

Para Asocapitales, estos resultados hacen necesario avanzar hacia una política nacional que articule las capacidades de investigación, operación, prevención y atención a las víctimas, con responsabilidades y recursos definidos para la Nación y los territorios.

Más de la mitad de los casos se registra en las capitales

En 2025, las 32 ciudades capitales concentraron 7.291 casos, equivalentes al 54,3 % del total nacional. De los hechos registrados en estas ciudades,

El comportamiento entre ciudades muestra diferencias que requieren respuestas ajustadas a cada territorio. Entre 2024 y 2025, Cartagena pasó de 197 a 382 casos, un incremento del 93,9 %. También aumentaron los registros en Tunja (76,7 %), Pasto (37,8 %) y Sincelejo (36,6 %). En contraste, Bogotá, Barranquilla y Cali reportaron reducciones del 16,1 %, 17,8 % y 7,4 %, respectivamente.

Estas variaciones refuerzan la importancia de contar con información territorial detallada para identificar riesgos, orientar la prevención y coordinar las intervenciones de las autoridades.

Le puede interesar: Avanza el Proyecto de Ley de Competitividad, que simplifica trámites y preserva la capacidad de control de las ciudades

La extorsión telefónica y digital exige una respuesta coordinada

La llamada telefónica representa el 48,8 % de los casos registrados en las capitales en 2025. Por su parte, las modalidades asociadas a redes sociales y tecnologías de la información y las comunicaciones alcanzan el 18,6 %, frente al 7,6 % registrado en 2016.

A este panorama se suma la extorsión originada desde establecimientos de reclusión. Según la estimación de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional (DIASE) recogida en el estudio, cerca del 70 % de las llamadas extorsivas podrían provenir de estos establecimientos.

El diagnóstico también advierte sobre el subregistro: se estima que menos del 20 % de los hechos reales se denuncia, lo que limita la comprensión de la magnitud del delito y exige fortalecer la confianza, los mecanismos de reporte y la protección de las víctimas.

Los alcaldes necesitan herramientas y corresponsabilidad nacional

El estudio identifica una asimetría entre las responsabilidades políticas de las autoridades locales y las competencias para enfrentar la extorsión. De 21 puntos de competencia normativa analizados, 14 corresponden al nivel nacional —el 66,7 %— y solo dos son propios de las administraciones municipales.

Aunque los alcaldes son la primera autoridad de policía y reciben directamente las demandas de seguridad de la ciudadanía, capacidades determinantes como la investigación penal, la acción operativa especializada y la gestión del sistema penitenciario dependen de entidades nacionales.

Un CONPES y 27 acciones para fortalecer la respuesta

Entre las propuestas del estudio se encuentra la formulación de un documento CONPES sobre extorsión, con especial atención a la modalidad carcelaria, metas medibles y un plan plurianual de inversión.

El documento también presenta 27 acciones de política pública que las ciudades pueden adoptar según sus necesidades y capacidades, organizadas en tres ejes: prevención; articulación con la Fiscalía y la Policía; y atención integral a las víctimas. Se trata de opciones de intervención territorial, no de mandatos uniformes para todas las capitales.

Lea también: Asocapitales identifica prioridades para fortalecer la prevención de la corrupción en las ciudades capitales

Asimismo, plantea mejorar el acceso de los gobiernos locales a los datos, construir mapas de riesgo a escala de barrio y establecer criterios homogéneos para clasificar hechos y delitos conexos, incluidos los asociados al denominado “paseo millonario”.

Con este diagnóstico, Asocapitales y el DNP aportan evidencia y alternativas de política pública para fortalecer la respuesta institucional. El propósito es que las decisiones nacionales y territoriales respondan a las distintas manifestaciones de la extorsión y permitan avanzar en la protección de las víctimas.