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Asocapitales presenta primera radiografía territorial de la salud: las 31 ciudades capitales reportan riesgos altos o críticos para la continuidad del sistema
El diagnóstico construido con las Secretarías de Salud de las ciudades capitales muestra que ninguna de las 31 capitales consultadas se ubicó en niveles bajo o moderado del Índice Territorial de Riesgo del Sistema de Salud. Medicamentos, barreras de acceso, cartera EPS–IPS y continuidad de tratamientos de alto costo concentran las principales alertas.
30 de las 31 ciudades piden al Gobierno Nacional garantizar el suministro de medicamentos y tecnologías de alto costo y apoyar el saneamiento de la cartera entre EPS e IPS.
Bogotá D. C., 2 de octubre de 2026. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), Con apoyo de UNIPS Colombia y la Secretaría de Salud de Bogotá, presentó al Ministerio de Salud, la Línea Base 2026 sobre el Estado del Sistema de Salud en las Ciudades Capitales, una radiografía territorial construida con información reportada por las Secretarías de Salud de las 31 capitales del país y que identifica señales comunes de presión sobre el acceso, la prestación de servicios, el aseguramiento y la sostenibilidad del sistema.
El principal resultado muestra una situación extendida en el territorio: el Índice Territorial de Riesgo del Sistema de Salud (ITRSS) alcanzó un promedio de 71 puntos sobre 100. De las 31 ciudades analizadas, 15 se ubicaron en la banda crítica y 16 en la banda alta; ninguna quedó clasificada en riesgo bajo o moderado. Además, 30 de las 31 capitales registraron riesgo alto o crítico en acceso a los servicios.
El estudio procesó 77 variables y alcanzó una cobertura del 100 % de las ciudades capitales consultadas. Su hallazgo central no es únicamente el nivel de riesgo reportado, sino la coincidencia entre territorios con características muy diferentes: ciudades de distinto tamaño, ubicación, capacidad instalada y perfil epidemiológico identificaron problemas similares y solicitaron medidas coincidentes.
Medicamentos y acceso, en el centro de las alertas
Uno de los hallazgos más consistentes está relacionado con el acceso efectivo a los servicios. 27 de las 31 ciudades señalaron que las barreras de acceso aumentaron significativamente durante el último año y ninguna reportó una mejoría. Los medicamentos registraron las barreras graves más extendidas, reportadas por 24 ciudades, seguidos por las consultas especializadas, señaladas por 21.
El abastecimiento ambulatorio de medicamentos aparece como uno de los puntos de mayor presión: 23 ciudades reportaron dificultades críticas y siete dificultades moderadas. El informe identifica una brecha clara entre el suministro ambulatorio y el hospitalario, lo que ubica una de las principales dificultades en la dispensación efectiva de medicamentos a los pacientes.
La situación adquiere especial relevancia en tratamientos sensibles: 27 ciudades reportaron dificultades de suministro de medicamentos oncológicos, 26 de cardiovasculares y 25 de antidiabéticos e insulinas.
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La presión financiera está afectando la prestación
La radiografía territorial también identifica un componente financiero y contractual detrás de buena parte de las dificultades reportadas. De las EPS que operan en las ciudades consultadas, 87 de 197 fueron reportadas bajo medidas de vigilancia especial, intervención o liquidación, con una mediana territorial del 50 %. En dos capitales de la Amazonía y la Orinoquía, la única EPS que opera se encuentra bajo medida especial.
A esto se suma la situación de la red prestadora. 30 de las 31 capitales calificaron su red pública y privada como inestable, con signos de deterioro o en riesgo de colapso: 14 identificaron signos de deterioro, 13 riesgo de colapso y tres inestabilidad; solo una la calificó como estable.
Las Secretarías de Salud señalaron como principales causas de suspensiones o cierres la cartera y falta de pago de las EPS, mencionada por 23 ciudades; la insuficiencia financiera de las IPS, por 20; y la terminación de contratos, por 16. De acuerdo con el análisis, la presión reportada está asociada principalmente al ingreso no percibido por los prestadores, más que al incremento de sus costos de operación.
Los pacientes de alto costo concentran el mayor riesgo
El informe advierte que las consecuencias ya no se limitan al funcionamiento administrativo del sistema. 30 ciudades identificaron la interrupción de tratamientos en curso como un riesgo clínico y 26 señalaron la progresión de enfermedades por falta de atención oportuna; 18 mencionaron el aumento de la mortalidad evitable.
En la matriz de riesgos construida por Asocapitales y UNIPS Colombia, la interrupción de tratamientos de alto costo registró la mayor severidad esperada, seguida por la saturación de los servicios de urgencias. Todos los diez riesgos priorizados por las ciudades quedaron ubicados en el cuadrante de alta probabilidad y alto impacto.
A su vez, las peticiones, quejas, reclamos y denuncias reflejan la presión percibida por los usuarios: 23 ciudades reportaron incrementos superiores al 30 % durante el último año, mientras que otras seis registraron aumentos de entre 10 % y 30 %. El desabastecimiento de medicamentos fue señalado por 29 capitales como evento crítico y la interrupción de tratamientos de alto costo por 28.
Las ciudades plantean una agenda inmediata al Gobierno Nacional
Más allá del diagnóstico, el estudio evidencia un alto nivel de coincidencia territorial sobre las acciones prioritarias. 30 de las 31 ciudades solicitaron garantizar el suministro de medicamentos y tecnologías de alto costo y el mismo número pidió avanzar en el saneamiento de la cartera entre EPS e IPS. Asimismo, 27 priorizaron la continuidad de los tratamientos de pacientes de alto costo.
A partir de estos resultados, Asocapitales plantea llevar al Gobierno Nacional una agenda orientada, entre otros asuntos, a garantizar medicamentos, tecnologías y servicios de alto costo; establecer mecanismos para el saneamiento de cartera entre aseguradores y prestadores; garantizar la continuidad de la contratación entre EPS e IPS; fortalecer el flujo directo de recursos hacia la red y mejorar las condiciones para que las autoridades territoriales puedan ejercer sus funciones de inspección, vigilancia y control.