Asocapitales advierte riesgos fiscales y vacíos estructurales en el proyecto de Ley de Competencias presentado por el Gobierno nacional
• Luis Fernando Villota, director de Estudios Estratégicos y Hacienda Pública de Asocapitales, presentó ante el Congreso el análisis técnico del Proyecto de Ley 502 de 2025.
• La Asociación alertó sobre competencias sin financiación suficiente, incertidumbre jurídica y desconocimiento de las dinámicas diferenciales de las ciudades capitales.
• Asocapitales insistió en que la descentralización sólo será viable si existe equilibrio entre funciones, recursos y capacidades institucionales.
Bogotá D.C., 20 de mayo de 2026. En el marco de la mesa de expertos sobre el Proyecto de Ley de Competencias y Sistema General de Participaciones, realizada este miércoles en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes junto al Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y la Fundación Konrad Adenauer (KAS), Asocapitales presentó ante congresistas, representantes de alcaldías de ciudades capitales y sectores académicos su análisis técnico sobre la iniciativa radicada por el Gobierno nacional ante el Congreso de la República.
La exposición estuvo a cargo de Luis Fernando Villota, director de Estudios Estratégicos y Hacienda Pública de Asocapitales, quien aseguró que la discusión sobre la Ley de Competencias representa una oportunidad histórica para modernizar la relación Nación–territorio y fortalecer la autonomía territorial, pero advirtió que el proyecto todavía presenta desequilibrios estructurales que podrían afectar la sostenibilidad financiera de las ciudades capitales y generar incertidumbre institucional.
“Desde Asocapitales reconocemos que esta discusión es estratégica para el futuro institucional del país y para avanzar hacia una descentralización real. Pero esa transformación solo será posible si existe una relación clara y equilibrada entre competencias, recursos suficientes y capacidades institucionales reales”, afirmó Villota durante su intervención.
Uno de los principales mensajes expuestos por Asocapitales fue la necesidad de incorporar el contexto fiscal y macroeconómico del país dentro del debate legislativo. Según el análisis presentado, el Sistema General de Participaciones asciende en 2026 a cerca de $88,4 billones y representa el 28,6 % de los Ingresos Corrientes de la Nación. Para las ciudades capitales, además, equivale en promedio al 38,3 % de sus ingresos totales.
“Estamos hablando de la principal estructura financiera que sostiene servicios esenciales como salud, educación, agua potable y programas sociales en los territorios. Por eso, esta es una discusión estructural sobre la sostenibilidad territorial del país”, señaló Villota.
Asocapitales recordó además que la Constitución Política establece con claridad que no pueden descentralizarse competencias sin recursos suficientes ni asignarse recursos sin una definición previa y precisa de las funciones de cada nivel de gobierno.
Durante la presentación, la Asociación advirtió preocupaciones técnicas y fiscales relevantes sobre el diseño actual del proyecto de ley. Entre ellas, la incorporación de criterios de distribución del SGP sin ponderaciones claras, la posibilidad de utilizar recursos territoriales para financiar funciones de naturaleza nacional, la ausencia de proyecciones sectoriales de costos a 12 años, y la falta de claridad sobre la estructura definitiva del Sistema General de Participaciones cuando alcance el 39,5 % de los Ingresos Corrientes de la Nación.
“El proyecto aún deja preguntas fundamentales sin resolver sobre sostenibilidad fiscal, gradualidad y capacidad institucional de los territorios. Una reforma de esta magnitud necesita máxima rigurosidad técnica y financiera”, afirmó Villota.
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Asocapitales también alertó sobre el desconocimiento de la categoría especial de ciudades capitales establecida mediante la Ley 2082 de 2021 y la ausencia de variables fundamentales como las dinámicas de aglomeración urbana, población flotante, relaciones funcionales metropolitanas y cargas adicionales asociadas a migración, pobreza, desplazamiento y prestación regional de servicios.
“Las capitales no pueden ser tratadas bajo una lógica homogénea. Las ciudades capitales concentran cerca del 47 % de la población del país y generan aproximadamente el 55 % del valor agregado nacional. Sus dinámicas urbanas y metropolitanas requieren reglas diferenciales dentro de cualquier esquema de distribución de competencias y recursos”, explicó Villota.
Frente a este panorama, Asocapitales presentó propuestas concretas para fortalecer el debate legislativo y avanzar hacia una descentralización más responsable, gradual y sostenible. Entre ellas, definir con precisión las competencias de cada nivel de gobierno, garantizar fuentes de financiación suficientes y permanentes, incorporar esquemas reales de gradualidad y fortalecimiento institucional, reconocer reglas diferenciales para ciudades capitales, mantener el factor poblacional y las dinámicas de aglomeración como variables centrales del SGP, y fortalecer mecanismos de coordinación Nación–territorio que respeten plenamente la autonomía territorial.
La Asociación también propuso excluir del proyecto reformas sectoriales que aún no han surtido trámite legislativo en el Congreso, particularmente aquellas relacionadas con salud.
“Las ciudades capitales acompañan una discusión seria sobre descentralización. Pero descentralizar no puede significar trasladar mayores riesgos financieros y administrativos a los territorios sin herramientas suficientes para responder. El país necesita una reforma técnicamente sólida, fiscalmente sostenible y basada en las realidades urbanas y territoriales de Colombia”, concluyó Villota.
Por su parte, Andrés Echavarría, delegado de la Alcaldía de Cali, aseguró que uno de los principales retos del proyecto es que todavía no existe una diferenciación suficientemente clara entre las competencias de cada nivel de gobierno, y eso puede generar dificultades institucionales y operativas hacia el futuro.
“Es indispensable reconocer el papel de las ciudades capitales, tal como lo establece la Ley 2082 de 2021. Las capitales enfrentamos cargas y dinámicas diferenciales asociadas a migración, población flotante y prestación regional de servicios. En el caso de Cali, por ejemplo, no solo somos una gran ciudad: somos el nodo estratégico del Pacífico colombiano y un actor clave en las dinámicas regionales. Cali viene impulsando además la consolidación del Área Metropolitana del Occidente, y esas realidades territoriales deben verse reflejadas en esta discusión”, manifestó Echavarría.
Por su parte, Diego Dorado, delegado de la Alcaldía de Bogotá, indicó que este este proyecto de ley representa una oportunidad para ordenar estructuralmente el sistema de descentralización del país y corregir déficits históricos que hoy existen en sectores como salud, educación y agua potable. Más que una discusión sobre porcentajes o distribución de recursos, esta debe ser una oportunidad para ‘arreglar la casa’ institucional y territorialmente.
“Desde Bogotá hemos insistido en tres elementos fundamentales. El primero es el reconocimiento de la singularidad de Bogotá como Distrito Capital, con características constitucionales, jurídicas e institucionales únicas que no pueden ser tratadas bajo la misma lógica de categorización de otros territorios. El segundo punto es la autonomía territorial. El proyecto aún no reconoce plenamente las capacidades diferenciales que tienen ciudades como Bogotá para asumir mayores niveles de autonomía fiscal, financiera y administrativa. Y el tercer punto es el reconocimiento de las dinámicas de aglomeración urbana. Hoy cerca del 75 % de la población colombiana vive en procesos de aglomeración, y esas dinámicas deben ser reconocidas dentro de la discusión como elementos clave para el cierre de brechas y la planeación territorial. La descentralización debe construirse entendiendo las realidades funcionales de las regiones y no únicamente desde límites administrativos tradicionales”, indicó Dorado.
Durante la mesa de expertos también quedó en evidencia una coincidencia transversal entre congresistas de distintas regiones y sectores políticos alrededor de una idea central: Colombia necesita avanzar hacia una descentralización real, técnicamente sólida y construida desde el diálogo entre los territorios. Los representantes coincidieron en que el Proyecto de Ley de Competencias representa una oportunidad importante para abrir una discusión estructural sobre la relación Nación–territorio, aunque advirtieron que el texto actual todavía presenta limitaciones que deben corregirse para garantizar mayor autonomía, sostenibilidad financiera y reconocimiento de las realidades territoriales.
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Carlos Ardila, representante a la Cámara por Putumayo, señaló que el proyecto “no resuelve una deuda de 35 años” en materia de descentralización y advirtió que el principal riesgo es que las distintas visiones territoriales —municipios, ciudades capitales y ciudades intermedias— terminen fragmentando el debate y llevando nuevamente la discusión a un “punto cero”. Por su parte, el exsenador Guido Echeverry aseguró que el proyecto, en su estado actual, “no descentraliza”, pues mantiene buena parte de las decisiones estratégicas concentradas en el Gobierno nacional, lo que evidencia, según afirmó, una concepción todavía centralista del poder territorial.
En la misma línea, Juan Sebastián Gómez, representante a la Cámara por Caldas, sostuvo que la discusión deberá continuar con el próximo Congreso y Gobierno, pero insistió en que no se trata de hundir la iniciativa sino de ajustarla para que responda verdaderamente a las necesidades de los gobiernos locales. “Los recursos del SGP son recursos de la gente y deben llegar efectivamente a los territorios”, afirmó.
Desde el Tolima, la representante Delcy Isaza destacó que el debate debe trascender coyunturas políticas y convertirse en una verdadera apuesta nacional por el cierre de brechas y la autonomía territorial. Asimismo, insistió en que el proyecto requiere una discusión amplia entre diferentes sectores para garantizar que cumpla realmente su propósito descentralizador.
Finalmente, Emy Suárez, representante electa por Santander, advirtió que la descentralización no puede reducirse únicamente a la transferencia de más recursos, sino que debe reconocer las diferencias estructurales entre territorios y las distintas necesidades de inversión de cada región. Según explicó, el principal reto será construir un modelo que defina con claridad “quién, cómo y cuándo” ejercerá las nuevas competencias, acompañado de una reforma seria de las finanzas territoriales.
Vea el documento de análisis aqui:
