Gobierno Nacional modifica decreto electoral y aclara reglas sobre uso de celulares en puestos de votación
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0211 de 2026, mediante el cual modifica el Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026, que establece medidas para la conservación del orden público con ocasión de las elecciones de Congreso de la República y las consultas internas e interpartidistas del 8 de marzo de 2026. La modificación introduce ajustes a lo dispuesto en los artículos 14 y 15, relacionados con el uso de dispositivos electrónicos dentro de los puestos de votación durante la jornada electoral.
De acuerdo con la nueva disposición, se mantiene la prohibición de utilizar celulares, cámaras fotográficas o de video entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. dentro de los puestos de votación, restricción que continúa aplicando para electores, ciudadanos en general y personas vinculadas a campañas políticas —incluidos partidos, movimientos políticos o equipos de campaña—, con el fin de proteger el secreto del voto y garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral.
No obstante, el decreto establece una excepción para los funcionarios del Ministerio Público, es decir, para la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías, quienes podrán utilizar dispositivos electrónicos en el ejercicio de sus funciones de vigilancia y control electoral.
Este ajuste busca facilitar las labores de seguimiento y verificación del proceso electoral por parte de los organismos de control, sin afectar las garantías de transparencia ni el carácter secreto del voto.
Desde Asocapitales, asociación que agrupa a las ciudades capitales del país, se reiteró el compromiso de los gobiernos locales con la coordinación institucional para garantizar que la jornada electoral se desarrolle con normalidad, seguridad y plenas garantías democráticas para los ciudadanos.
Las ciudades capitales continuarán articulando esfuerzos con las autoridades electorales, el Gobierno Nacional y los organismos de control para asegurar el adecuado desarrollo del proceso electoral en todo el territorio.