COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Los alcaldes de las ciudades capitales de Colombia, asociados en Asocapitales, nos permitimos manifestar a la opinión pública:
Los suscritos alcaldes de las ciudades capitales expresamos nuestro más enérgico rechazo a las recientes declaraciones del señor Presidente de la República, Gustavo Petro, mediante las cuales desconoció la legitimidad de la elección presidencial celebrada el 21 de junio de 2026, afirmando públicamente que no reconoce como legítimo el mandato conferido por los ciudadanos al presidente electo.
Estas manifestaciones resultan especialmente graves por provenir del Jefe de Estado y porque comprometen la confianza pública en las instituciones electorales, en el Estado de Derecho y en uno de los pilares esenciales de toda democracia: el respeto por la voluntad soberana expresada por los ciudadanos mediante el voto libre.
La elección presidencial fue organizada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, administrada bajo los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley, sometida al control de las autoridades electorales y posteriormente consolidada mediante el proceso oficial de escrutinio previsto en el ordenamiento jurídico colombiano.
La Comisión Escrutadora Nacional ya certificó que las votaciones dieron como ganador al doctor Abelardo de la Espriella, y esa decisión goza de plena presunción de legalidad y legitimidad institucional.
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Durante todo el proceso electoral hicieron presencia diversas misiones nacionales e internacionales de observación, entre ellas la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y el Centro Carter, las cuales coincidieron en destacar el adecuado desarrollo de la jornada electoral, el profesionalismo de las autoridades electorales colombianas y la transparencia del proceso, formulando únicamente recomendaciones de fortalecimiento institucional propias de este tipo de ejercicios y sin concluir la existencia de un fraude o de irregularidades sistemáticas que comprometieran la integridad de la elección. (OEA)
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea señaló expresamente que no encontró evidencia que sustentara las acusaciones de fraude formuladas contra el proceso electoral y destacó la consistencia entre la información verificada en terreno y los resultados oficiales. Asimismo, se informó que la diferencia entre el preconteo y el escrutinio oficial fue mínima, ratificando la confiabilidad del sistema electoral colombiano. (AP News)
La Constitución Política impone a todos los servidores públicos, y con mayor razón al Jefe de Estado, el deber de proteger las instituciones, garantizar la convivencia democrática y respetar las decisiones adoptadas por las autoridades competentes. La controversia política jamás puede traducirse en el desconocimiento de las reglas constitucionales que garantizan la alternancia democrática y la transmisión pacífica del poder.
Los alcaldes de las ciudades capitales reafirmamos nuestro respeto por la Constitución, por el Estado Social de Derecho, por la independencia de las autoridades electorales y por la decisión soberana adoptada por millones de colombianos en las urnas.
Expresamos nuestro respaldo institucional al presidente electo, doctor Abelardo de la Espriella, y al vicepresidente electo, doctor José Manuel Restrepo, y reiteramos nuestra disposición de trabajar de manera articulada con el Gobierno que iniciará funciones, en beneficio de las ciudades capitales y de todos los ciudadanos.
Hacemos un llamado a todos los dirigentes políticos y a todas las instituciones del Estado para que actúen con responsabilidad democrática, respeten el orden constitucional, preserven la confianza ciudadana en el sistema electoral y contribuyan a que el proceso de transición presidencial se desarrolle dentro del marco de la legalidad, el respeto institucional y la defensa de la democracia.
Las ciudades capitales de Colombia reiteramos nuestro compromiso con la institucionalidad, la estabilidad democrática, la seguridad jurídica y el respeto irrestricto por la voluntad popular, fundamento esencial de nuestra República.
