“Es inconveniente que el Gobierno saliente radique nuevamente la Ley de Competencias a pocos días de finalizar su mandato”: Asocapitales
- Resulta inoportuno que una reforma de esta magnitud, llamada a redefinir durante las próximas décadas la distribución de responsabilidades, recursos y capacidades entre la Nación y los territorios, sea radicada en la fase final de un Gobierno
- La Asociación advierte que la iniciativa presentada por el Gobierno Nacional saliente, no presenta cambios estructurales frente al proyecto archivado en la legislatura anterior y solicita que el debate sea liderado por el nuevo Gobierno, con participación efectiva de las entidades territoriales.
Bogotá D. C., 29 de julio de 2026. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales —Asocapitales— expresa su preocupación frente a la decisión del Gobierno nacional de presentar nuevamente ante el Congreso de la República el proyecto de Ley Orgánica de Competencias, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuando faltan pocos días para la terminación del actual periodo presidencial.
Para Asocapitales, resulta inconveniente que una reforma de esta magnitud, llamada a redefinir durante las próximas décadas la distribución de responsabilidades, recursos y capacidades entre la Nación y los territorios, sea radicada en la fase final de un Gobierno que no tendrá a su cargo su implementación.
La Asociación considera que el proyecto debe ser discutido con el liderazgo del nuevo Gobierno Nacional, que se posesionará el próximo 7 de agosto, debido a que será esa administración la responsable de incorporar las transferencias en el presupuesto, ajustar la estructura de las entidades nacionales, coordinar el fortalecimiento institucional de departamentos y municipios y garantizar la sostenibilidad fiscal de la transición.
“La Ley de Competencias no puede convertirse en una decisión de última hora. Estamos hablando de una reforma que definirá quién presta los servicios, con qué recursos y bajo qué responsabilidades. Su construcción exige tiempo, evidencia técnica, concertación territorial y una visión de Estado que comprometa plenamente al Gobierno que deberá ejecutarla”, señaló Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales.
El proyecto anterior fue archivado sin completar su trámite
El proyecto presentado en diciembre de 2025 fue identificado como Proyecto de Ley 502 de 2025 Cámara. La iniciativa no completó su trámite y fue archivada el 20 de junio de 2026 por tránsito de legislatura, de acuerdo con el artículo 190 de la Ley 5.ª de 1992.
Asocapitales advierte que, de acuerdo con la información conocida hasta el momento, el nuevo texto no incorpora transformaciones estructurales frente a la propuesta radicada en la legislatura anterior y conserva varios de los vacíos que las ciudades capitales ya habían señalado durante las audiencias y espacios de discusión técnica.
La Asociación solicita al Gobierno nacional y al Congreso publicar integralmente el nuevo articulado, su exposición de motivos, el aval fiscal y un cuadro comparativo que permita identificar de manera transparente qué disposiciones fueron modificadas frente al Proyecto de Ley 502 de 2025.
No resulta suficiente volver a presentar una iniciativa de esta trascendencia sin explicar qué observaciones de las entidades territoriales fueron acogidas, cuáles fueron descartadas y cuáles son sus implicaciones fiscales, administrativas y sectoriales.
Una reforma que compromete la estructura territorial del Estado
La Ley de Competencias desarrolla el Acto Legislativo 03 de 2024, que modificó los artículos 356 y 357 de la Constitución y ordenó redefinir la distribución de funciones y recursos entre la Nación, los departamentos, los distritos y los municipios.
La reforma constitucional estableció que el Sistema General de Participaciones —SGP— deberá aumentar gradualmente hasta representar el 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación, mediante una transición de doce años que comenzará después de la expedición de la ley orgánica y que, en todo caso, no podrá iniciar antes de 2027.
El mismo Acto Legislativo establece dos condiciones que no pueden separarse:
No se podrán trasladar competencias sin asignar previamente recursos fiscales suficientes.
Tampoco podrán transferirse nuevos recursos sin que exista una descentralización clara de las respectivas competencias.
Además, la transferencia de funciones, responsabilidades de gasto y recursos deberá ser gradual, simultánea y equivalente, compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, la Regla Fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Por esta razón, la discusión no puede reducirse a definir cuánto dinero adicional recibirán los territorios. También debe establecer con precisión qué funciones dejará de ejecutar la Nación, qué competencias asumirán las entidades territoriales, cuánto cuesta prestar cada servicio con calidad, cómo se financiarán las capacidades institucionales requeridas, qué ocurrirá con el personal, los sistemas de información y la infraestructura actualmente administrados por entidades nacionales y cómo se evitará la duplicidad de funciones y de gasto.
Persisten riesgos para la autonomía y la sostenibilidad territorial
En su análisis del proyecto anterior, Asocapitales había advertido que la propuesta no garantizaba plenamente que todas las nuevas competencias fueran acompañadas por financiación suficiente y estable.
También alertó sobre la posibilidad de que recursos territoriales terminaran cubriendo funciones que actualmente corresponden a la Nación, afectando la inversión local y generando presiones adicionales sobre los presupuestos de las ciudades.
Las ciudades capitales enfrentan cargas que no siempre son reconocidas por los esquemas tradicionales de distribución. Atienden no solamente a su población residente, sino también a población flotante, migrante y proveniente de municipios vecinos que utiliza sus hospitales, colegios, sistemas de transporte, redes de agua, servicios sociales e infraestructura de seguridad.
Asocapitales insiste en que la futura ley debe reconocer de manera expresa:
La población residente y flotante atendida por las capitales.
Las dinámicas metropolitanas y de aglomeración urbana.
Los costos diferenciales de prestar servicios en ciudades fronterizas, amazónicas, insulares y costeras.
Las presiones derivadas de la migración, el desplazamiento, la pobreza y el cambio climático.
Las brechas de capacidad fiscal y administrativa entre territorios.
El papel de las ciudades capitales como prestadoras regionales de servicios.
Actualmente, el SGP constituye una fuente esencial para financiar educación, salud, agua potable y saneamiento básico. En el análisis presentado por Asocapitales durante la discusión anterior, estos recursos representaban cerca del 28,6 % de los ingresos corrientes de la Nación, antes de la transición constitucional hacia la meta del 39,5 %.
Un error en la definición de las competencias podría traducirse en servicios sin financiación suficiente, mayores déficits territoriales, desigualdades entre municipios y una descentralización meramente formal.
Asocapitales pide una discusión técnica con el nuevo Gobierno
Asocapitales considera que la nueva administración debe contar con la oportunidad de revisar integralmente la iniciativa y construir una propuesta concertada con alcaldes, gobernadores, entidades nacionales, Congreso, academia, gremios y organizaciones sociales.
“Colombia necesita una Ley de Competencias, pero necesita una buena ley. Una reforma apresurada podría trasladar obligaciones sin capacidades, profundizar desigualdades y debilitar la prestación de servicios. Las ciudades estamos listas para aportar una propuesta técnica que haga coincidir autonomía, recursos y responsabilidad”, agregó Santamaría.
La Asociación hace un llamado al Gobierno saliente para que entregue todos los estudios, matrices de costos, documentos de concertación y observaciones recibidas durante el proceso anterior como parte del empalme institucional.
Al nuevo Gobierno y al Congreso les solicita abrir una discusión pública amplia, con cronograma definido, mesas sectoriales y participación directa de las entidades territoriales.
La Ley de Competencias debe convertirse en un acuerdo nacional de largo plazo y no en una iniciativa presentada al cierre de un mandato sin el tiempo suficiente para debatir sus efectos sobre la educación, la salud, el agua potable, el saneamiento básico, la infraestructura y la sostenibilidad fiscal de los territorios.
