La seguridad urbana no es negociable: Asocapitales exige coherencia operativa frente a la suspensión de captura de líderes de estructuras criminales
Hay preocupación de distintos mandatarios locales, quienes enfrentan diariamente las consecuencias directas de la criminalidad urbana.
Las ciudades capitales concentran entre el 40 y el 45% de los homicidios intencionales y entre el 50 y el 55% de los reportes de extorsión, según el Observatorio de DD.HH y defensa nacional de Mindefensa, con corte a febrero del 2026
Bogotá, D.C., 7 de abril de 2026. En los últimos meses, las autoridades han reportado resultados operativos relevantes contra estructuras criminales de alto impacto, incluyendo la captura de integrantes vinculados a delitos como homicidio, extorsión, tráfico de estupefacientes y control territorial.
Sin embargo, estos avances coinciden con decisiones institucionales que han generado preocupación en los territorios: la suspensión temporal de órdenes de captura contra voceros de organizaciones criminales y la apertura de espacios de diálogo con estos actores.
En particular, la Resolución 0072 del 27 de marzo de 2026, expedida por la Fiscalía General de la nación a solicitud del Gobierno nacional, suspendió órdenes de captura contra 23 voceros de estructuras criminales en el Valle de Aburrá y zonas circundantes, en el marco de la política de “paz total”.
Un debate que exige mayor claridad jurídica
Esta medida se fundamenta en la Ley 2272 de 2022, que habilita instrumentos para el sometimiento y acercamientos con estructuras armadas. No obstante, desde una perspectiva técnica, su aplicación debe garantizar coherencia con principios constitucionales como la proporcionalidad, la legalidad y la protección efectiva del derecho a la seguridad.
Asocapitales advierte que, en ausencia de reglas claras sobre condiciones, alcances y controles judiciales, este tipo de decisiones puede generar tensiones entre los objetivos de paz y las responsabilidades constitucionales de las autoridades territoriales en materia de orden público.
Las ciudades capitales concentran una proporción significativa de la criminalidad en el país. De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa (febrero de 2026), entre el 40 % y el 45 % de los homicidios intencionales y entre el 50 % y el 55 % de los casos de extorsión se registran en estos territorios.
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En este contexto, decisiones relacionadas con la suspensión de órdenes de captura frente a cabecillas de estructuras criminales pueden tener efectos directos sobre:
La continuidad de procesos de inteligencia y judicialización.
La percepción de seguridad ciudadana.
La capacidad disuasiva del Estado frente al crimen organizado.
Según estimaciones operativas, la judicialización de cabecillas de alto valor implica procesos de inteligencia que pueden extenderse entre 8 y 14 meses, lo que evidencia la necesidad de articular de manera cuidadosa las decisiones de política criminal con los avances en terreno.
El presidente de Asocapitales y alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha señalado públicamente la importancia de mantener coherencia entre las estrategias de seguridad y las decisiones de política criminal, advirtiendo sobre posibles efectos no deseados en el control territorial del delito.
Esta posición ha sido compartida por distintos mandatarios de ciudades capitales, quienes enfrentan de manera directa los impactos de la criminalidad urbana y la presión sobre los sistemas de seguridad y justicia.
Riesgos identificados
Desde una perspectiva técnica, Asocapitales identifica tres riesgos principales:
- Incoherencia en la política criminal: cuando no existe claridad pública sobre los criterios, límites y condiciones de las medidas adoptadas.
- Incentivos no deseados: asociados al posible fortalecimiento o reconfiguración de estructuras criminales en contextos de interlocución.
- Afectación a la confianza ciudadana: especialmente en entornos donde la percepción de impunidad incide en la legitimidad institucional.
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Llamado a mayor precisión y transparencia
Asocapitales reitera que cualquier política orientada al sometimiento, diálogo o desescalamiento debe estar acompañada de:
- Criterios técnicos y jurídicos claramente definidos.
- Mecanismos de verificación y seguimiento.
- Control judicial efectivo.
- Indicadores de resultado en reducción de la criminalidad.
- Garantías explícitas para las víctimas.
En este sentido, Asocapitales solicita al Gobierno nacional y a las autoridades competentes informar con mayor precisión los criterios jurídicos y técnicos que sustentan la suspensión de órdenes de captura, los mecanismos de verificación del cumplimiento por parte de los beneficiarios, los indicadores concretos de impacto en la reducción de la criminalidad.
Las ciudades capitales reiteran que la construcción de una política de paz debe ser compatible con la protección efectiva de la seguridad urbana y la estabilidad institucional en los territorios.
En ese sentido, el debate actual representa una oportunidad para fortalecer la articulación entre nación y territorios, bajo principios de claridad, coordinación y responsabilidad compartida.
