Asocapitales solicita revisar el marco tarifario del servicio de acueducto ante el impacto de los recientes incrementos en las facturas
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), en representación de los alcaldes de las 32 ciudades capitales del país, expresa su preocupación por los recientes incrementos en las tarifas del servicio de acueducto que se han empezado a reflejar en distintas capitales del país como consecuencia de la implementación del nuevo marco tarifario expedido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).
En los últimos días, diferentes empresas prestadoras han informado a sus usuarios sobre ajustes en las tarifas asociados a la entrada en vigencia de esta nueva metodología regulatoria. Uno de los casos más visibles corresponde al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, que anunció un incremento gradual en la factura del servicio durante el período de transición hacia el nuevo esquema tarifario. Asimismo, en otras ciudades del país se han generado inquietudes ciudadanas frente al impacto que esta nueva metodología tendrá sobre el valor final de las facturas.
Aunque la definición de las metodologías tarifarias corresponde a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y su aplicación a las empresas prestadoras, son los alcaldes y las administraciones municipales quienes reciben de manera directa las preocupaciones y reclamaciones de los ciudadanos, sin contar con competencias legales para modificar las tarifas o los criterios con los que estas son calculadas.
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Esta situación pone de presente la necesidad de abrir una discusión técnica e institucional sobre el actual marco tarifario del servicio de acueducto. Si bien es indispensable garantizar la sostenibilidad financiera de los prestadores y promover las inversiones necesarias para asegurar la continuidad y calidad del servicio, también resulta fundamental evaluar el impacto que estas decisiones regulatorias tienen sobre los hogares colombianos y la capacidad de pago de los usuarios.
Desde la perspectiva de las ciudades capitales, la implementación del nuevo marco tarifario debe analizar aspectos como la gradualidad de los incrementos, la distribución de los costos reconocidos en la tarifa, los incentivos para mejorar la eficiencia de los prestadores, el peso de los componentes regulatorios y ambientales en la factura final, así como mecanismos que permitan reducir impactos desproporcionados sobre los usuarios sin comprometer la sostenibilidad de los sistemas de acueducto.
Las ciudades capitales concentran cerca de la mitad de la población colombiana y representan la mayor demanda de los servicios de agua potable y saneamiento básico. Cualquier modificación en la regulación tarifaria tiene efectos directos sobre millones de hogares, la competitividad urbana, la actividad económica y la percepción ciudadana frente a la prestación de un servicio esencial.
Por ello, Asocapitales hace un llamado al Gobierno Nacional entrante para que, en coordinación con la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, las empresas prestadoras y las ciudades capitales, lidere una mesa técnica nacional que revise los impactos de la implementación del nuevo marco tarifario y avance hacia una regulación construida de manera concertada con los territorios. El propósito debe ser consolidar un esquema tarifario que preserve la sostenibilidad de los servicios de acueducto, incentive la eficiencia de los prestadores y garantice tarifas justas, transparentes y acordes con la capacidad de pago de los hogares colombianos.
De igual manera, Asocapitales solicita que las ciudades capitales participen activamente en este proceso, en reconocimiento de su papel como primer canal de atención de las inquietudes ciudadanas y como actores fundamentales para garantizar la gobernabilidad y la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios.
Las ciudades capitales reiteran su compromiso con la construcción de soluciones que permitan garantizar el acceso al agua potable como un derecho fundamental, fortalecer la sostenibilidad de los sistemas de acueducto y asegurar que las decisiones regulatorias respondan tanto a criterios técnicos como a las realidades económicas y sociales de los colombianos.
