Tribunal abre incidente de desacato por crisis de salud en Medellín: Asocapitales respalda acción y advierte impacto nacional
La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) respalda a Medellín tras la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de abrir incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez; el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas; los representantes de las EPS intervenidas Savia Salud y Nueva EPS, y el director de la ADRES, por el presunto incumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la garantía del derecho a la salud.
Esta decisión se fundamenta en la solicitud urgente presentada por el Distrito ante el cierre de servicios por parte de las IPS a los afiliados de Nueva EPS y por la declaración de emergencia hospitalaria, derivada del incumplimiento de pagos por parte del Gobierno nacional que, según las autoridades locales, ascienden a $2,17 billones de pesos adeudados a hospitales y clínicas públicas, profundizando la crisis financiera del sistema.
De acuerdo con lo señalado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el Tribunal otorgó un plazo de tres días para el cumplimiento de las órdenes judiciales impartidas desde agosto del año anterior, advirtiendo que, de no acatarse, los responsables podrían enfrentar sanciones de hasta 50 salarios mínimos y penas de hasta seis meses de prisión, sin perjuicio de otras responsabilidades penales derivadas del desacato.
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Los hechos expuestos por Medellín evidencian una situación crítica, excepcional y de alto impacto institucional. La declaratoria de Alerta Hospitalaria en todo el Distrito, la suspensión de servicios por parte de prestadores de alta complejidad a afiliados de EPS con cartera vencida, el incremento sostenido de la sobreocupación en urgencias y la persistencia de graves barreras en el acceso a medicamentos, remisiones y tratamientos reflejan una ruptura material en la continuidad del servicio público de salud.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de Antioquia, la ocupación promedio en urgencias en el Valle de Aburrá alcanza el 120%, mientras que en el departamento llega al 116%, con niveles críticos en instituciones como el Hospital San Vicente Fundación (215%), la Clínica Universitaria Bolivariana (196%), la Unidad Hospitalaria de San Cristóbal (188%) y la Clínica del Norte (175%).
A nivel nacional, la situación refleja una presión estructural creciente: la cartera del sistema de salud supera los $20 billones de pesos, afectando la liquidez de hospitales y clínicas, mientras que más del 60% de la atención de alta complejidad se concentra en ciudades capitales, que hoy asumen la mayor carga operativa del sistema.
“Lo que está ocurriendo en Medellín no es un hecho aislado, es la manifestación más crítica de un problema estructural del sistema de salud. Las ciudades capitales no pueden seguir asumiendo, con recursos propios, fallas que corresponden al aseguramiento y al flujo nacional de recursos”, afirmó Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales.
La asociación advierte que esta crisis está trasladando a los territorios una carga financiera, operativa e institucional que compromete su sostenibilidad. Las ciudades capitales concentran cerca del 47% de la población del país y más del 55% del PIB nacional, lo que las convierte en el principal soporte de la demanda de servicios de salud.
“La apertura de este incidente de desacato es un llamado contundente sobre la necesidad de garantizar el cumplimiento efectivo de las decisiones judiciales y, sobre todo, de restablecer de manera urgente el flujo de recursos hacia la red hospitalaria. Aquí está en juego la vida de los ciudadanos y la estabilidad institucional de los territorios”, agregó Santamaría.
La situación de Medellín refleja una alerta nacional. En ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, Manizales, Valledupar y Cartagena ya se registran incrementos en los tiempos de espera, congestión en urgencias y dificultades en la entrega de medicamentos, lo que evidencia un deterioro progresivo del sistema.
En este contexto, Asocapitales hace un llamado urgente a las autoridades nacionales, a los actores del sistema y a las instancias judiciales para que se adopten medidas inmediatas que permitan restablecer el flujo de recursos, garantizar la continuidad de los servicios y evitar una profundización de la crisis.
