Asocapitales advierte riesgos en actualización catastral rural y pide derogar resolución del IGAC
Bogotá, D. C., 15 de abril de 2026. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) solicitó al Gobierno nacional la derogatoria de la Resolución 2057 de 2025 y la instalación urgente de una mesa técnica de concertación, tras advertir graves fallas en el procedimiento de actualización catastral en zonas rurales del país.
En una comunicación dirigida al presidente de la República, al Ministerio del Interior y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Asociación expresó su preocupación por los impactos fiscales, sociales y jurídicos derivados de la implementación de esta medida.
Asocapitales reconoció que la actualización catastral es una herramienta clave para corregir rezagos históricos, fortalecer las finanzas territoriales y mejorar la planeación del desarrollo regional. Sin embargo, advirtió que la forma en que se implementó la Resolución 2057 de 2025 vulnera principios fundamentales como la proporcionalidad, la coordinación interinstitucional y la confianza legítima.
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“Es una política necesaria, pero su ejecución actual está generando impactos desproporcionados y tensiones institucionales que deben corregirse de manera urgente”, señaló Andrés Santamaría, director general de Asocapitales.
Uno de los principales cuestionamientos es el aumento abrupto de los avalúos catastrales, que en algunos casos ha superado el 100%, e incluso ha generado incrementos de 700% o más en zonas rurales.
Además, la medida fue expedida el 30 de diciembre de 2025 para entrar en vigencia inmediata en 2026, sin un régimen de transición, lo que afectó la capacidad de los gobiernos locales para adoptar medidas de contención de manera oportuna, y generó una carga tributaria sorpresiva para los contribuyentes.
La Asociación advirtió que la decisión del Gobierno nacional se adoptó sin concertación con las entidades territoriales, lo que afecta la autonomía local y limita la capacidad de los concejos municipales para definir tarifas y alivios tributarios.
Asimismo, señaló que la metodología utilizada por el IGAC no incorpora adecuadamente las particularidades del suelo rural, como restricciones de uso, condiciones productivas y realidades socioeconómicas, generando resultados inequitativos.
Asocapitales alertó que los incrementos en los avalúos han generado inconformidad social en distintas regiones del país, especialmente en población campesina, y ha trasladado a los alcaldes la presión política de una decisión adoptada desde el nivel central. “Las entidades territoriales han tenido que asumir el impacto de una medida frente a la cual no tuvieron margen de actuación”, indicó Santamaría.
Frente a este escenario, Asocapitales planteó cuatro medidas urgentes:
- Derogar la Resolución 2057 de 2025 por sus fallas estructurales.
- Expedir un nuevo marco normativo aplicable a partir de 2027.
- Garantizar un esquema de transición y aplicación gradual.
- Instalar una mesa técnica de concertación con participación de las entidades territoriales.
